El proyecto de cable submarino China-Chile Express volvió a tensionar la agenda política luego de que se conociera que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones firmó el 27 de enero un decreto que otorgó una concesión intermedia a CMI Chile SpA, filial de China Mobile International, pese a que desde el Gobierno se había sostenido que la iniciativa seguía “en análisis”.
De acuerdo a lo informado por el medio especializado, Diario Financiero, el decreto —que fue anulado el 29 de enero— contemplaba una vigencia de 30 años y autorizaba a la empresa a “instalar, operar y explotar” una red de transmisión por cable submarino de fibra óptica entre Hong Kong y Concón, acotada a los elementos instalados en territorio chileno.
Según los antecedentes publicados, el documento describía un trazado de 19.873 kilómetros y detallaba características técnicas del sistema, además de plazos de obras y puesta en servicio.
La anulación fue solicitada por una jefatura subrogante de Subtel, con un escrito que atribuyó el retroceso a “razones de error técnico o en su tipeo”, tras un requerimiento interno de la repartición.
En paralelo, el tema escaló a un plano diplomático por el conflicto con Estados Unidos en torno al proyecto: medios internacionales informaron sanciones y cuestionamientos desde Washington vinculados a esta iniciativa, en un contexto que el Ejecutivo chileno calificó como sensible.
La controversia también reabrió preguntas sobre el estado real del proyecto y su tramitación administrativa, en medio de versiones cruzadas respecto de si se trataba de una evaluación preliminar o de pasos que implicaban autorización efectiva.
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