Por peligro para la sociedad: Militares bolivianos detenidos en Colchane quedaron en prisión preventiva

La madrugada del pasado miércoles, Carabineros detuvo a tres militares bolivianos en la comuna de Colchane, Región de Tarapacá, luego de que tres personas acusaran ser víctimas del robo de su vehículo.

Este sábado, los tres detenidos quedaron en prisión preventiva luego de ser formalizados por los delitos de robo con intimidación y tenencia de arma de fuego y municiones.

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Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decreta la prisión preventiva de militares bolivianos imputados por robo con intimidación y porte de arma de fuego y municiones en la frontera https://t.co/XnfcrakDkC pic.twitter.com/PNBeiVoKuB

— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) September 11, 2021

“La prisión preventiva decretada en contra de tres militares bolivianos es el inicio a la justicia por el resguardo de nuestros vecinos de Colchane y el respeto a la soberanía nacional”, aseguró Javier García, alcalde de Colchane.

El jefe comunal anunció acciones legales contra quienes resultaron detenidos el pasado miércoles: “como municipio de Colchane, presentaremos una acción judicial para sustentar la acusación del fiscal”, aseveró García, y agregó que “en este caso esperamos que el Gobierno boliviano no sustente su defensa en cuestiones políticas ni diplomáticas a objeto de respetar el derecho internacional público y, por cierto, el respeto de la soberanía de ambos países”.

En la audiencia, la defensa de los ciudadanos bolivianos señaló que sus representados fueron detenidos mientras luchaban contra el contrabando de vehículos hacia dicho país, argumento que la magistrada Daniela Gutierrez desestimó.

“No se acreditó que se haya efectuado algún llamado dando cuenta que, supuestamente, se estaba intentando contrabandear algunos vehículos en la frontera”, detalló la magistrada.

“El día de hoy, por los antecedentes que existen a la fecha, no sería posible un cumplimiento sustitutivo por parte de los imputados“, expuso Daniela Gutierrez, negando la posibilidad a una sustitución de la pena por otra medida, por ejemplo, la expulsión del país.

Finalmente, expuso que “la libertad de los imputados efectivamente constituye un peligro para la seguridad de la sociedad“, y fijó un plazo de 90 días para la investigación.