Un requerimiento ante la Contraloría General de la República y el Servicio Civil presentó el diputado Héctor Barría, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, para que ambas instituciones evalúen la legalidad de un programa de reclutamiento de funcionarios públicos orientado a buscar perfiles que podrían incorporarse al gobierno del presidente electo José Antonio Kast.
La solicitud surge tras la difusión de la iniciativa denominada Futuro Público, la cual busca convocar, a través de una plataforma digital, a jóvenes profesionales de hasta 35 años para integrarlos al aparato del Estado.
Según la información disponible, el programa tiene como objetivo formar una red de profesionales que puedan desempeñarse en distintos organismos del Estado.
Entre los miembros del comité directivo se encuentran destacadas figuras del equipo de Kast, como Sebastián Figueroa y María Jesus Wulf, además de exautoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera, líderes de centros de estudio afines a la derecha y figuras de la academia, como el exrector de la Universidad Católica Ignacio Sánchez.
“Creemos que esta metodología no es válida y por eso he oficiado a la Contralora General de la República y al Servicio Civil, a fin de que informen sobre la legalidad del programa “Futuro Público”, dado que no es una forma de selección de funcionarios públicos que este reconocido actualmente en el ordenamiento jurídico, dónde existen normas para el ingreso al servicio público a través de rigurosos proceso de postulación y concurso que realiza el Servicio Civil”, sostuvo el parlamentario.
El legislador advirtió que la eventual incorporación de personas a ministerios, subsecretarías u otros servicios mediante vías alternativas podría debilitar el sistema vigente y generar dudas sobre la idoneidad de quienes ingresen al aparato estatal.
En ese sentido, manifestó su preocupación por que el programa priorice la cercanía política por sobre las competencias profesionales.
Por lo anterior, Barría solicitó que la Contraloría se pronuncie respecto de si esta convocatoria se ajusta a la legislación vigente y si respeta los principios que rigen la función pública en Chile.
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