Tras quedar firme el desafuero del exdiputado Joaquín Lavín León, la Fiscalía se encuentra en condiciones de dar el siguiente paso procesal: formalizar la investigación en su contra y eventualmente solicitar medidas cautelares.
La habilitación para avanzar en esta etapa se produce luego de que la Corte Suprema notificara la sentencia que respalda íntegramente el desafuero.
Esta decisión ya había sido confirmada el pasado 24 de febrero al rechazar el recurso presentado por la defensa del entonces parlamentario contra el fallo que hizo la Corte de Apelaciones de Santiago.
De acuerdo con el director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, la resolución del tribunal supremo acoge en todas sus partes la solicitud del ente persecutor, en una causa que investiga presuntos delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación junto con el uso malicioso de instrumento privado mercantil.
Durante la revisión del caso, el fiscal sostuvo ante el tribunal que existen antecedentes “graves y serios” que apuntan a que Lavín León habría generado un perjuicio cercano a $104 millones al erario público, mediante la simulación de gastos operacionales en la rendición de asignaciones parlamentarias.
En ese contexto, Campos explicó que el fallo permite a la Fiscalía avanzar en la formalización y evaluar la imposición de medidas cautelares acordes a la gravedad de los hechos imputados.
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