La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió este martes modificar las medidas cautelares de seis exfuncionarios del club Cobreloa acusados de participar en una violación grupal.
La decisión se adoptó luego de que se detectara una grave falta por parte del Ministerio Público, que derivó en la revocación de la prisión preventiva y el reemplazo por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.
El fallo, emitido de manera unánime por los ministros Juan Fernando Opazo, Jaime Rojas y el abogado integrante Marcelo Díaz, responsabiliza directamente al fiscal Eduardo Peña por un manejo inadecuado de la causa.
En particular, el tribunal cuestionó que no se entregaran a tiempo los antecedentes completos de la investigación a las defensas, afectando el derecho a una defensa adecuada y provocando un nuevo retraso en el inicio del juicio oral, recogió La Tercera.
La situación se originó durante la audiencia de preparación de juicio realizada el pasado 26 de agosto en el Juzgado de Garantía de Calama, donde se evidenció que el fiscal no había facilitado todos los documentos requeridos por ley.
La consecuencia inmediata fue la reprogramación de la audiencia para el 29 de septiembre y, a raíz de ello, la presentación de una solicitud por parte de seis imputados para modificar sus medidas cautelares.
En su resolución, la Corte criticó con severidad el accionar del Ministerio Público, asegurando que “no resulta aceptable justificar el incumplimiento en una falla del sistema computacional”. Y agregó: “El fiscal tenía la obligación de preparar los antecedentes para entregar, especialmente aquellos relevantes en la acusación”.
Según el tribunal, este descuido no solo entorpeció la causa, sino que además volvió “desproporcionada” la extensión de la prisión preventiva, afectando las garantías procesales de los acusados.
El caso, que involucra a nueve exmiembros del área juvenil del club Cobreloa, ha generado conmoción pública y repudio. Las acusaciones apuntan a delitos de carácter sexual ocurridos en el marco de una dinámica de grupo entre los años 2020 y 2021.
La Fiscalía no ha emitido declaraciones oficiales tras el fallo, pero se espera que enfrente nuevas críticas ante lo que la Corte considera una “falta de diligencia reiterada” en el manejo del caso.
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