La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso del INDH y concluyó que Salud aplicó una exclusión “arbitraria e ilegal” al negar cobertura a personas con hipertensión arterial pulmonar derivada de cardiopatías congénitas, pese a estar contempladas en el decreto que regula la ley. El ministerio tendrá 30 días para garantizar el acceso al tratamiento.
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Ministerio de Salud garantizar en un plazo máximo de 30 días el acceso a medicamentos de alto costo para un grupo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar (HAP) derivada de cardiopatías congénitas, quienes habían sido excluidos de la cobertura de la Ley Ricarte Soto.
La resolución acoge el recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en representación de cinco personas adultas diagnosticadas con cardiopatías congénitas que evolucionaron a HAP.
De acuerdo con el fallo, el Minsal incurrió en una omisión ilegal y arbitraria al aplicar el Protocolo 2019, que restringió la población beneficiaria a pacientes con HAP idiopática, hereditaria o asociada a enfermedades del tejido conectivo, dejando fuera a quienes la padecen por un defecto cardíaco congénito, pese a que todas estas condiciones pertenecen al Grupo I de la clasificación de la OMS.
La Corte apuntó que el Decreto Supremo Nº 2 de 2019, que incorporó la HAP al sistema de protección financiera, no distingue por origen de la enfermedad. Por ello, concluyó que el Ministerio excedió su potestad reglamentaria al crear una restricción no contemplada en la normativa vigente.
El tribunal sostuvo que esta exclusión afectó derechos fundamentales, entre ellos:
En su análisis, la Corte determinó que no existe evidencia científica que respalde la exclusión de los pacientes con cardiopatías congénitas y que el tratamiento —Iloprost inhalatorio, Ambrisentan o Bosentan— tiene eficacia comprobada en todos los subgrupos del Grupo I. También cuestionó la ausencia de justificación presupuestaria para mantener la restricción.
La sentencia indica que la omisión del Minsal dejó a los pacientes “en una posición de desamparo frente al Estado”, recordando que este tiene el deber de garantizar acceso oportuno a tratamientos efectivos, especialmente en enfermedades de alta letalidad.
Por ello, se ordenó a Salud “realizar todas las gestiones necesarias” para asegurar el suministro del medicamento requerido a cada uno de los recurrentes.
El hallazgo de la denominada supergripe, esperado por el comportamiento global del virus, se produce en un contexto de descenso de la actividad de influenza a nivel nacional. Las autoridades enfatizaron que esta variante de supergripe no representa un virus nuevo y que la vacuna de 2025 continúa entregando protección frente a cuadros graves.
