Corte de Apelaciones rechaza intervención de celulares de periodistas por difusión de chats de Hermosilla
Por CNN Chile
04.11.2025 / 23:48
La Fiscalía, que presentó la solicitud de intervención, pretendía rastrear posibles filtraciones de información reservada desde el Ministerio Público en el marco de la causa por revelación de secretos.
Acceder a los registros telefónicos de los periodistas involucrados en la difusión de los polémicos chats del abogado Luis Hermosilla. Eso era lo que buscaba un recurso presentado por la Fiscalía Metropolitana Occidente que fue rechazado este martes por la Corte de Apelaciones de Santiago.
La decisión representa un nuevo revés para el Ministerio Público, que pretendía revertir el fallo del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, instancia que ya había declarado inadmisible la solicitud.
Un recurso que apuntaba a las filtraciones
Fiscalía había solicitado autorización judicial para revisar tráfico de llamadas, registros de comunicación, datos de conexión y georreferenciación tanto de periodistas como de algunos funcionarios públicos, recogió Radio Biobío.
Su objetivo, según el escrito, era determinar si existieron contactos entre persecutores y medios de comunicación que pudieran explicar la filtración de información reservada de la causa iniciada en noviembre de 2023.
La investigación está enfocada en el delito de revelación de secretos, contemplado en el artículo 246 del Código Penal, y mantiene como imputado al abogado Luis Hermosilla.
En su recurso, Fiscalía argumentó que las presuntas comunicaciones entre fiscales y periodistas serían clave para establecer el origen de las filtraciones o descartar que provinieran del propio Ministerio Público.
La Corte, sin embargo, respaldó el informe del Cuarto Juzgado, calificando la diligencia solicitada como “intrusiva” y sin sustento suficiente.
En el fallo, el tribunal criticó que la apelación fiscal se basara en una interpretación “excesivamente amplia” del artículo 370 del Código Procesal Penal, lo que —a su juicio— vulnera los límites establecidos por la ley.
La resolución también desestimó el intento de la Fiscalía de obtener información de funcionarios del propio Ministerio Público, señalando que no existen antecedentes válidos que permitan sospechar de una conducta irregular o ilícita.