Este martes, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) presentará el informe encargado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) con el objetivo de esclarecer el masivo apagón del 25 de febrero, que dejó a más de 19 millones de personas sin suministro eléctrico en Chile.
El documento, que contará con la visión de una consultora internacional, detallará la cronología de los hechos y abordará el rol de Isa InterChile, la empresa dueña de la línea que falló. Uno de los puntos clave será determinar por qué esta compañía tomó decisiones sin la autorización del CEN y si existió responsabilidad en la interrupción del servicio.
Desde el Congreso han señalado que el problema va más allá de una falla puntual y han puesto énfasis en la falta de resiliencia del sistema eléctrico y la deficiente coordinación entre el sector público y privado.
En este contexto, algunos parlamentarios han advertido que si se confirma la culpabilidad de la empresa, impulsarán mayores sanciones e incluso la discusión de una posible responsabilidad penal, dado que durante el apagón fallecieron pacientes electrodependientes.
Por otra parte, hay quienes sostienen que la crisis es reflejo de un problema estructural del Estado, que se arrastra desde hace al menos seis años. La imagen del Palacio de La Moneda sin luz ha sido utilizada como un símbolo de la fragilidad del sistema, y sectores políticos han pedido la renuncia de autoridades del CEN.
Desde el Gobierno han señalado que la normativa obliga a las empresas privadas a contar con planes de contingencia para responder a este tipo de eventos. En tanto, expertos del sector eléctrico advierten que el apagón afectó la imagen del país, exponiendo falencias en seguridad y conectividad.
Mientras el sector privado espera un informe técnico concluyente, persisten dudas sobre por qué, pese a que la falla fue reportada con al menos dos horas de anticipación, los protocolos preventivos no evitaron la crisis.
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