El el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago determinó borrar la mayoría de los chats y dejó en manos del Ministerio Público decidir cómo proceder con su eliminación o resguardo.
La justicia acogió la cautela de garantías presentada por la defensa de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, que buscaba proteger sus conversaciones privadas en el marco de la investigación del Caso Sierra Bella, tras la filtración de una serie de chats privados entre ella y la diputada Karol Cariola, en los que se evidenciaba duras críticas en contra del Gobierno y del Presidente Gabriel Boric.
Esto en el marco de una arista que investiga posible tráfico de influencias por parte de la parlamentaria.
Tras esta filtración, la defensa de Hassler también presentó una querella por violación de secreto de funcionario público, apuntando a los responsables de la divulgación de los chats.
En concreto, la acción fue interpuesta ante el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago y pretendía evitar que los diálogos de la exjefa comunal fueran divulgados o incluidos sin restricciones en el expediente judicial.
El tribunal determinó que los chats personales de Hassler serían eliminados del expediente, salvo una excepción importante: las conversaciones con Cariola del 24 de noviembre de 2022 y del 13 de abril de 2023, que permanecerán en la causa.
“Lo que dijo el tribunal, que tiene toda lógica, es que si la prueba es impertinente para esta causa, no tiene que estar en ella”, explicó el abogado Miguel Schürmann, representante de la exalcaldesa.
El fallo subraya que el Ministerio Público deberá decidir cómo proceder con la eliminación de las conversaciones no relevantes, ya sea eliminándolas o manteniéndolas en un formato tachado, como ha sido el protocolo adoptado hasta ahora.
Por su parte, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, destacó que el tribunal “validó el método de reserva que tenía el Ministerio Público, que era entregar a los otros intervinientes el informe tachado”.
El titular de Economía respondió a los cuestionamientos por el proyecto que redistribuye cuotas entre la pesca industrial y artesanal, asegurando que no se afecta el derecho de propiedad: “Si alguien cree que tiene propiedad sobre los peces, está equivocado”.
