La Contraloría General de la República (CGR) reveló este martes que al menos 13.286 funcionarios públicos asistieron a casinos de juego en Chile mientras se encontraban con licencia médica durante los años 2023 y 2024.
El hallazgo fue parte del 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC), en el que se cruzaron datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
En total, las personas involucradas presentaron 14.599 licencias médicas durante ese período, mientras ingresaban en múltiples ocasiones a alguno de los 25 casinos del país, con 14.923 visitas registradas.
Algunos ya habían sido detectados por viajes al extranjero
Del total de funcionarios identificados, 1.486 ya habían sido señalados en mayo pasado en otro informe de la CGR, donde se descubrió que salieron del país mientras se encontraban en periodo de reposo.
Según el nuevo reporte, los casinos con mayor número de visitas irregulares fueron los ubicados en las regiones de O’Higgins (3.376 ingresos), Biobío (2.180) y Valparaíso (2.162). También se registraron cifras relevantes en Los Lagos (1.454) y La Araucanía (1.125).
Municipios y hospitales concentran los casos
Las 14.599 licencias médicas relacionadas con estos casos se distribuyen en 799 entidades públicas. Las más afectadas: municipalidades (30%) y hospitales o servicios de salud (29%).
Entre las instituciones con mayor número de casos destacan:
- Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI): 516 licencias
- Fundación Integra: 480 licencias
- Servicio de Salud de Concepción: 332 licencias
- Servicio de Salud de O’Higgins: 233 licencias
- Codelco: 211 licencias
- Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota: 182 licencias
Se inician acciones disciplinarias y judiciales
Ante estos antecedentes, la Contraloría anunció que notificará a las instituciones correspondientes para que inicien procedimientos disciplinarios.
Además, enviará los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a la SUSESO, para que tomen las medidas necesarias conforme a sus atribuciones legales. El informe también fue remitido al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
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