Contraloría oficia al Ministerio de Ciencia por acuerdo con OpenAI: Da 10 días de plazo para responder

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La Contraloría General de la República (CGR) ofició al Ministerio de Ciencia, encabezado por Ximena Lincolao, para solicitar más información respecto al acuerdo que establecerá el “OpenAI para Chile”.

Cabe recordar que el oficio fue solicitado por el diputado Jaime Araya (IND-PDD), quien fue uno de los parlamentarios de la oposición que cuestionó el memorándum de entendimiento suscrito con la empresa OpenAI.

Araya pidió a la Contraloría revisar la legalidad, las posibles implicancias financieras y las disposiciones de confidencialidad contempladas en el acuerdo.

De esta forma, la División Jurídica de la Contraloría otorgó en el oficio con fecha 18 de noviembre un plazo de 10 días hábiles administrativos al Ministerio de Ciencia para responder a los cuestionamientos del legislador, según consignó La Tercera.

La entidad fiscalizadora detalló que “dicho informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.

Araya por acuerdo con OpenAI: “Excede las facultades que tiene una ministra de Estado”

Araya remarcó que desde su partido han sido “críticos respecto de la forma y el fondo del convenio que se ha firmado y, por lo tanto, me parece muy positivo que la Contraloría vaya a definir si la ministra actuó dentro de sus competencias y si tenía, particularmente, las facultades para firmar este tipo de convenios”.

En esa línea, se refirió a su principal preocupación respecto a las cláusulas de confidencialidad: “Si se trata de entidades públicas firmando con empresas transnacionales de manera directa, sin mediar ningún proceso de contratación pública, lo menos que uno espera es que haya normas de transparencia”, aseveró.

El parlamentario sostuvo: “Son temas delicados, son temas que recién se están implementando en nuestro país. Nos parece que esta no es una decisión adecuada y que, además, excede las facultades que tiene una ministra de Estado”.

“Ella está contratando con una multinacional de la tecnología, con un gigante tecnológico. No está suscribiendo un convenio con otro Estado, ni mucho menos con una fundación o una agrupación de países, sino que simplemente, y de manera directa, autónoma, sin consultarle a nadie, con una multinacional, una empresa que naturalmente tiene fines de lucro”, cerró.

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