Un grupo de abogados, encabezados por Marcelo Brunet, presentó un escrito ante la Contraloría General de la República (CGR) para solicitar una revisión exhaustiva de las actuaciones públicas y privadas del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, y su equipo de colaboradores, a fin de exigirles el estricto cumplimiento del principio de prescindencia en el contexto del plebiscito de salida del próximo del domingo 4 de septiembre.
En medio de la búsqueda de los “mínimos comunes” para reformar la nueva Constitución en caso de que gane la opción Apruebo, el Gobierno anunció que el ministerio liderado por Jackson recibirá las propuestas de partidos y bancadas oficialistas.
La decisión fue condenada por los juristas. “Actuar como coordinador político del Apruebo siendo ministro de todos los chilenos, es una situación preocupante y grave”, dijo Brunet.
En concreto, el escrito busca responsabilidades de los funcionarios públicos mencionados, en razón de “haber infringido instrucciones impartidas por este órgano fiscalizador y principios constitucionales y de probidad administrativa, de manera que se adopten las medidas que procedan en su máximo rigor, especialmente porque las manifestaciones del titular de la cartera han sido públicas y conocidas por todo el país, incluida esta institución fiscalizadora, sin que se hayan adoptado de manera inmediata las acciones que corresponden”.
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La presentación pide al ente regular “que fiscalicen todos los cometidos, viáticos, horas extraordinarias del equipo de gabinete de la autoridad y sus asesores; se audite la bitácora de los automóviles de la cartera ministerial, consumo de combustible, peajes (incluye tags), pagos de estacionamientos de los automóviles asignados al citado ministerio, y se audite la entrega y distribución de los textos impresos de la propuesta constitucional que se plebiscitará próximamente, cuya contratación fue asignada vía trato directo y que ya fuera denunciada a esta misma entidad fiscalizadora”.
Finalmente, el abogado dijo que, como grupo, “queremos imparcialidad del Gobierno, que es lo que exige la ley. Queremos prescindencia de los funcionarios de gobierno. Lamentablemente lo que apreciamos es que el ministro Jackson actúa de forma distinta”, afirmó Brunet, exigiendo de paso a Contraloría “que se sancionen las irregularidades que se pudieran haber cometido”.
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