La Contraloría se pronunció frente al plan "Salvemos el años escolar" determinando su legalidad, pero al mismo tiempo validó a los establecimientos educacionales a que tengan sus propios mecanismos para los alumnos que no se inscribieron en la iniciativa del Ejecutivo, lo que fue valorado por parlamentarios de la oposición.
"Todos los establecimientos pueden tener su propio plan de promoción, si uno tiene su plan, ése es el que prevalece. No se puede obligar a una escuela a usar el plan del Gobierno y a echar abajo el suyo", señala Rodrigo González, diputado del PPD.
"El ministerio defiende la autonomía de los colegios y la libertad de enseñanza cuando le conviene, pero cuando se trata de castigar el movimiento estudiantil ahí aparece el Estado, y aquí se ha querido castigar a todos aquellos que participaron del movimiento", afirmó la diputada del PPD, Cristina Girardi.
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