La Contraloría General de la República presentó este miércoles el informe final de la auditoría que buscaba indagar el cumplimiento de las funciones y medidas contra el COVID-19 implementadas en casas de acogida y otros centros de atención de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg).

De acuerdo con el documento, “la revisión consistió en verificar si la entidad estableció medidas oportunas y eficaces que contribuyan a disminuir los riesgos de infección por COVID-19 de las mujeres víctimas de violencia que atiende y de sus familiares, como de los funcionarios, sin que se altere la continuidad de las labores de atención, protección y reparación durante la pandemia”.

Sin embargo, dentro de las conclusiones del ente fiscalizador se incluyó la detección de debilidades en las medidas de prevención y detección temprana de situaciones graves contra mujeres, considerando que entre marzo y agosto de 2020 “se determinaron 53 hechos graves de violencia de género, de los cuales 50 no acudieron a algunos de los canales o dispositivos habilitados por el SERNAMEG para brindar apoyo y orientación”.

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En cuanto a aquellos casos en los que sí hubo contacto con Sernameg, “se determinó la falta de acreditación de las intervenciones y seguimientos en los casos que se indica -conforme a las respectivas orientaciones técnicas-“.

Por otro lado, y sobre este mismo tema de violencia de género, “la entidad no acreditó haber adoptado medidas concretas de coordinación con Carabineros de Chile, en cuanto a aplicar determinados procedimientos frente a la eventual circunstancia de que una mujer que está siendo violentada tome la decisión de salir de su domicilio, en horario de toque de queda, para efectuar una denuncia o pedir ayuda”.

Lo anterior se sustenta por el caso de una mujer que fue detenida en Osorno el año pasado tras acudir a una comisaría a presentar una denuncia por violencia intrafamiliar. Misma situación que se registró en Pichilemu por una mujer que fue víctima de violación.

Sumado a esto, también se verificaron incumplimientos en el servicio de atención de llamadas (fono 1455) relacionados a la “derivación, acreditación y demoras en los seguimientos de las llamadas recibidas de tercer nivel (grave o vital); carencias en la trazabilidad de las llamadas recibidas; incerteza en cuanto a la cantidad de llamadas recibidas; inexistencia de evidencia respecto de seguimientos de denuncias informadas por Carabineros de Chile, y personal de la empresa contratista que no cumplía con los requisitos de estudios fijados en el contrato”.

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Sobre esto último, la empresa contratada Holdtech S.A. se relaciona con la implementación de la atención vía WhatsApp para estos casos, donde se constató una falta de certeza de la cantidad efectiva de reportes recibidos en el periodo auditado, además de deficiencias en el sistema “botmaker”, el que en reiteradas ocasiones vuelve a hablarle a mujeres después de haber finalizado el chat, poniendo en riesgo a las víctimas.

Finalmente, y respecto del funcionamiento de dispositivos en pandemia, “se determinaron incumplimientos de las orientaciones técnicas de los dispositivos Casas de Acogida (CDA) y Centros de la Mujer (CDM), principalmente, en lo relativo a la falta de información respecto de las atenciones psicosociojurídicas realizadas por personal de los organismos ejecutores”, además de deficiencias en las condiciones de las CDA por medidas sanitarias preventivas de contagios del COVID-19.

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