La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de inconsistencias en el registro y control de 9.653 inmuebles fiscales.
En el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 27, la institución identificó que había más de 3 mil propiedades que no tenían destinación vigente y otras 6 mil destinadas, pero sin registro contable.
En el reporte se cruzó información de inmuebles fiscales de 109 organismos públicos con los registros del Ministerio de Bienes Nacionales.
Tras ello, se detectó la existencia de 3.238 inmuebles registrados en la contabilidad de distintos organismos públicos sin contar con una destinación vigente otorgada por Bienes Nacionales.
De acuerdo al ente contralor, esto involucra propiedades que están valorizadas en más de $451 mil millones.
Adicionalmente, se dio cuenta de 6.415 inmuebles que sí tienen destinación vigente, pero que no han sido incorporados en los registros contables de los respectivos servicios.
La CGR advirtió que “de acuerdo con el análisis, ambas situaciones pueden afectar la integridad y confiabilidad de la información financiera del sector público, además de dificultar una adecuada gestión y control del patrimonio fiscal”.
Entre las propiedades que concentran los mayores montos asociados y que no tienen destinación, aparecen la Dirección de Obras Portuarias, la PDI, el Hospital de Carabineros, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.
Mientras que la mayor cantidad de propiedades con destinación pero sin registro contable, corresponden a organismos dependientes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educación.
La Contraloría oficiará a los servicios involucrados para que regularicen las situaciones observadas en un plazo de 90 días, en el registro contable de los inmuebles.
También se oficiará al Ministerio de Bienes Nacionales para la regularización y formalizaciones de las respectivas destinaciones.
La institución solicitó a los organismos involucrados “actualizar sus registros y efectuar las acciones que correspondan para subsanar las inconsistencias identificadas, contribuyendo con ello a una gestión más transparente y eficiente de los recursos públicos”.
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