La Ley 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, establece diversas condiciones, entre ellas la restricción para otorgar licencias de conducir a quienes figuren como deudores de pensión alimenticia desde 2022. No obstante, la Contraloría General de la República (CGR) ha detectado infracciones en el cumplimiento de esta normativa.
Actualmente, en Chile, las licencias de conducir son entregadas por los municipios. En este contexto, el cuarto informe del Consolidado de Información Circularizada (CIC) reveló que 243 de las 345 municipalidades del país habrían otorgado o renovado un total de 3.432 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores, quienes adeudan la pensión de 4.706 alimentarios, acumulando un monto total de $17.473.007.109.
Lo anterior implica que el 70% de los municipios a nivel nacional ha incumplido la norma desde su entrada en vigencia.
En cuanto a la situación en la Región Metropolitana, el 94% de las municipalidades ha vulnerado la normativa.
Al observar los municipios que entregaron más de 100 licencias de conducir de manera indebida, destacan:
- Antofagasta (172).
- La Granja (117).
- Lo Espejo (115).
- La Serena (114).
- Punta Arenas (112)
- Arica (111).
Son los funcionarios municipales quienes tienen la responsabilidad de verificar si una persona está inscrita en el Registro Nacional de Deudores antes de otorgar o renovar una licencia de conducir.
En caso de incumplimiento de la normativa, estos funcionarios incurren en una responsabilidad disciplinaria, que puede ser sancionada con una multa equivalente al 10% y hasta el 50% de su remuneración.
Irregularidades al interior de los municipios
Según el ente contralor, 65 funcionarios municipales habrían obtenido o renovado su licencia de conducir en el mismo municipio donde trabajan, pese a estar inscritos en el Registro de Deudores de Pensión de Alimentos.
Asimismo, 482 personas deudoras, familiares de funcionarios municipales, habrían obtenido o renovado su licencia de conducir en la municipalidad donde estos trabajan, a pesar de figurar en dicho registro.
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