Este viernes el Consejo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, emitió un comunicado para hacer pública su postura frente al plebisicito de nueva Constitución.
“No podemos respaldar una propuesta que socava directamente principios elementales de justicia, e introduce ambigüedades y contradicciones de las que podrán resultar importantes vulneraciones contra la dignidad y libertad de las personas, la unidad del país y la paz social”, dijeron desde la academia.
Según plantean las y los miembros del consejo, dichas problemáticas las perciben en materias de derechos reproductivos y sexuales, eutanasia, familia, educación, libertad religiosa, seguridad jurídica, independencia judicial y diseño institucional.
En esa línea, desde la facultad de derecho de la PUC, aseguran que pese a “algunos aportes valiosos”, sus cuestionamientos apuntan a tres puntos específicos de la propuesta de nueva Constitución, relacionados con el derecho al aborto, la familia, la “libertad de enseñanza” y la eliminación del Senado.
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“En primer lugar, el supuesto y condición fundamental de la realización del bien común es el reconocimiento de la dignidad, trascendencia e indisponibilidad de toda persona, anterior a cualquier poder constituyente o constituido. El proyecto niega este reconocimiento, por ejemplo, al consagrar el aborto como derecho, posibilitar la eutanasia e imponer una concepción ideológica de la sexualidad humana”, aseveran.
Por otro lado, aseguran que la nueva Constitución debiera reconocer e integrar “las realidades sociales anteriores a ella, respetando, así, la indisoluble complementariedad de los principios de solidaridad y subsidiariedad”, pero que la propuesta de la CC “otorga al Estado un papel desbordante, restringiendo la autonomía de los otros grupos sociales”, afectando -según plantean- a “la familia, el deber y derecho de los padres de educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y la libertad religiosa”.
Finalmente, desde el consejo critican que “la propuesta de nueva Constitución, al establecer una particular forma de Estado plurinacional y regional, no logra articular un modelo basado en la realidad de nuestro país. Asimismo, amenaza la debida armonía y los necesarios contrapesos que han de existir en las instituciones republicanas, al erosionar la independencia judicial y eliminar el Senado, entre otros aspectos”.
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