Este viernes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y contra el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, ambos como autores del delito de fraude al Fisco.
La acción del organismo, presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, “se funda en antecedentes que se han podido recabar y que dan cuenta de una serie de ilícitos cometidos por el exseremi quien, sin considerar el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el Programa de Campamentos, o la revisión técnica de los antecedentes por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos“.
“En dicho marco, el querellado Contreras procedió de tal forma sin involucrar a las demás autoridades que tenían injerencia técnica en el proceso de asignación, interviniendo de manera contraria a lo previsto en el marco jurídico respectivo, faltando gravemente a la probidad y perjudicando con ello el interés público fiscal”, agregaron.
Al respecto, el presidente del CDE, Raúl Letelier, subrayó que “estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo. La prueba documental y testimonial recogida en la investigación permite presumir que ello no se debió a una mera falta de expertiz o de gestión, sino a la comisión de un fraude al Fisco”.
“La querella se funda en antecedentes y hechos de la investigación penal que, en esta etapa procesal, permiten cumplir con el estándar de suficiencia requerido para su interposición y que apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados, contraviniendo expresamente el marco regulatorio de los convenios suscritos y provocando, en consecuencia, un perjuicio al patrimonio fiscal”, añadió.
De acuerdo a la querella, se suscribieron tres convenios de transferencias de fondos con la Fundación Democracia Viva, representada por Andrade, con quien el exseremi sostenía un vínculo de público conocimiento, causando con ello un perjuicio fiscal de a lo menos $391.768.516.
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