El ministro en visita, Alejandro Aguilar, procesó y ordenó la prisión preventiva de 5 personas por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de edad de la comuna de San Fernando.
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dictó el primer procesamiento por sustracción de menores ocurrido entre la década de 1970 y 1990.
Por este motivo, envió a la Corte Suprema una solicitud de extradición a Israel respecto de una de las encausadas.
El juez Aguilar procesó y ordenó la prisión preventiva de 5 personas por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de edad de la comuna de San Fernando, que fueron entregados a matrimonios extranjeros.
El ministro Aguilar Brevis encausó a Ivonne Gutiérrez Pávez, Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas por el delito de asociación ilícita.
Además, Ivonne Gutiérrez Pávez fue procesada por dos delitos de sustracción de menores. Ismael Espinoza León, Carlos Vega Segura y Laura Silva Sánchez fueron sometidos a proceso como autores de un delito de sustracción de menores.
Finalmente, Gutiérrez Pávez, exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando, fue sometida a proceso por el delito de prevaricación dolosa.
La investigación del ministro Alejandro Aguilar Brevis determinó que en la década de los ochenta existió en la ciudad de San Fernando una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza para detectar y entregar en adopción a menores de edad cuyas madres eran de escasos recursos, a parejas extranjeras previo pago de montos de dineros que podrían llegar hasta los 50 mil dólares.
En el fallo, se determinó que “se tiene por justificado que en el mes de enero de 1983, previamente concertados, y actuando por vías de hecho, Ivonne Gutiérrez Pávez, Ismael Espinoza León y Laura Silva Sánchez, se apropiaron de la niña de tres años de edad de nombre Andrea con el fin de venderla al extranjero y para ello también se inició una tramitación judicial ante el propio tribunal de la Jueza Gutiérrez, en la cual el Egresado de Derecho y también parte de la organización Carlos Vega Segura, efectuó una presentación para obtener la tuición de la niña y sacarla del país para ser adoptada por una (1) mujer de nombre G.J.D., situación que no se agotó, pero si bien se consumó, debido a la que a los días siguientes a la sustracción o robo, la madre junto a personal de Carabineros logró recuperar a su hija de un recinto en donde había un mesón de atención al público”.
Del mismo modo, se indica que “la jueza Ivonne Gutiérrez Pavez, titular del Juzgado de Menores de San Fernando, autorizó rauda y aceleradamente la salida del país del hijo de la madre víctima de nombre A.A.R.R, con destino Estados Unidos el día 12 de marzo de 1983, desde el Aeropuerto A. Merino B., según da cuenta el Ordinario 271 de fojas 227, emitido por el Departamento Control Fronteras de la Policía de Investigaciones de Chile, ya que se había conformado en el año 1982, una organización -con definidos roles criminales- en la ciudad de San Fernando, cuya lideresa e integrantes mantenían conexiones permanentes con la ciudad de Santiago, a saber, con una oficina de abogados y guardería infantil, ubicadas en calle San Antonio 385, comuna del mismo nombre, como asimismo con las oficinas del Registro Civil de la época, situados en calle Moneda 1396, comuna de Santiago, según se infiere claramente de la inspección personal del tribunal reflejada en el marial audiovisual de la PDI; agrupación delictiva que tenía como objeto sustraer o robar infantes con ánimo de lucro dinerario ( US 50.000) para sacarlos del país a difierentes destinos de Europa y EEUU”.
Del mismo modo, el juez desestimó que los delitos se encuentren prescritos al establecer que se trata de delitos de lesa humanidad perpetrados en un régimen militar y que deben ser sancionados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Finalmente, el magistrado solicitó a Israel invocando el Convenio Europeo de Extradición el que entró en vigencia Chile a partir del 1 de junio de 2025 la extradición de la procesada Ivonne Gutiérrez Pávez, quien reside en ese país.
“Debido a que del proceso consta el país y lugar en que se encuentra la inculpada Ivonne Gutiérrez Pavez en la actualidad – según el informe de la PDI, de fecha 28 de abril en curso (…) y habiendo la República de Chile suscrito el Convenio Europeo de Extradición, el cual incluye al Estado de Israel como Estado miembro, Convenio que entró en vigor el día 01 de junio del presente año en curso, lo que permite solicitar la extradición de inculpados entre Chile e Israel, este ministro, DISPONE que se eleven los antecedentes o compulsas a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia a fin de que ese tribunal declare si debe pedirse la extradición de la referida procesada al Gobierno del Estado de Israel, país en que actualmente se encuentra”, añadió.
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