Comuneros mapuche víctimas de la “Operación Huracán” demandan al Estado de Chile por $2.000 millones

Cuatro miembros de la comunidad autónoma de Temucuicui de Ercilla presentaron este lunes ante la Corte de Apelaciones de Temuco una demanda contra el Estado de Chile por 2 mil millones de pesos.

Los hermanos Jorge, Jaime y Rodrigo Huenchullán, junto a Armando Henríquez, ingresaron la acción por haber sido detenidos e imputados sobre la base de pruebas falsas, en el marco de la denominada “Operación Huracán” en el 2017.

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La abogada Karina Riquelme, que representa a los comuneros mapuche, calificó la demanda como “histórica” y detalló a Cooperativa que se “le exige al Estado una indemnización por los daños sufridos por las acciones de organismos dependientes como Carabineros de Chile y el Ministerio Público. Todo esto en el marco de la Operación Huracán”.

Por su parte, el vocero de la comunidad, Jorge Huenchullán, señaló que se demanda al Estado civilmente “por los delitos que ha cometido en contra de dirigentes mapuche y en contra de la comunidad propia al acusar gratuitamente, al exponer y prejuzgar a todo el país que nosotros éramos terroristas”.

Huenchullán sostiene además que el Estado mostró a los comuneros “como terroristas a todo el país. Ha cometido un error gravísimo en contra de nuestra gente”.

Esto ocurre pocos días después que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, presentara una acusación contra 11 personas, en su mayoría funcionarios de Carabineros, presuntamente responsables de falsificar pruebas para inculpar a los comuneros mapuche de realizar ataques incendiarios.

Entre los imputados se encuentran el ex general inspector Gonzalo Blu y el ex mayor de la misma institución, Patricio Marín. El persecutor pidió 25 años de presidio por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público reiterado y obstrucción calificada y simple reiterada.

A la vez, se solicitaron penas de hasta 21 años de cárcel para el asesor informático de Carabineros, Álex Smith, por los delitos de de asociación ilícita, falsificación de instrumento público reiterado, obstrucción calificada y simple reiterada, y uso malicioso de instrumento público.