Tras dos años de iniciada la investigación por la falsificación de pruebas que realizó un grupo de funcionarios de Carabineros en la “Operación Huracán”, el Ministerio público indicó que ya “alcanzó convicción sobre los hechos que fundan este caso” y que se identificó que uno de los móviles para que los imputados hicieran uso de evidencia falsa era “mostrar éxitos investigativos ante la ciudadanía”.
El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, explicó a El Mercurio que “los vamos a acusar a todos en este momento. Las penas habrá que determinarlas en su momento, en el caso a caso. Las responsabilidades no son iguales, pero obviamente hay un grupo de personas que están involucradas en la misma situación”.
Es por esto, que los 11 imputados de este caso, arriesgan penas que van desde los 10 años y un día, los cuales podrían aumentar, dependiendo del grado de responsabilidad en los hechos.
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Los acusados deberán enfrentar cargos por asociación ilícita, falsificación al instrumento público y obstrucción a la investigación.
Además, determinó que los imputados coordinados “se desvincularon de sus objetivos y evitando los controles internos y externos a los que estaban sometidos, organizaron el trabajo de personal policial para elaborara y presentar informes policiales y periciales falsos en diversas investigaciones de relevancia pública”.
En cuanto al general (r) Gonzalo Blu y Patricio Marín (r), Palma señaló que ambos ejercían un cargo de jefatura dentro de esta asociación, mientras que otros dos involucrados se encargaban de ejecutar.
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