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La Comisión de Constitución del Senado aprobó ayer de forma unánime el proyecto que busca rebajar la dieta parlamentaria y las remuneraciones de los altos cargos del Estado.

La iniciativa, impulsada por los diputados del Frente Amplio Gabriel Boric (Convergencia Social), Giorgio Jackson (RD) y Vlado Mirosevic (PL), avanzó luego de su despacho en la Cámara de Diputados a fines de noviembre pasado, luego de que La Moneda lo planteara como una de las prioridades de la agenda social a raíz del estallido social.

Sin embargo, en la Cámara Alta, la iniciativa recibió críticas por parte de los legisladores, quienes centraron la discusión de ayer en la pertinencia de rebajar los salarios de los funcionarios públicos que no tienen cargos políticos.

El texto aprobado por los diputados establece que sea un comité técnico de cinco integrantes el que fije los sueldos de altos cargos en los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero también contempla instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, las FF.AA y de Orden, y las empresas y universidades estatales.

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Pero, además, establece que la disminución afectaría a funcionarios de planta, a contrata y a honorarios que se desempeñen dentro de los órganos comprendidos en la rebaja, los que no podrán “percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades”.

El Banco Central ha cifrado en 11.855 las autoridades y funcionarios estatales que quedarían sujetos a la disminución.

De este modo en la instancia, según publica El Mercurio, Felipe Harboe (PPD) manifestó su “preocupación por la mala calidad de este proyecto”, que calificó como “de aplauso fácil” y anunció indicaciones para corregir la iniciativa y “circunscribirla a las autoridades políticas y al Parlamento”.

La iniciativa además establece que, mientras el comité técnico define los montos, ministros, subsecretarios, el Presidente de la República, parlamentarios y autoridades de Gobierno Interior verán sus  remuneraciones reducidas en un 50% de forma transitoria.

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En la sesión también intervino el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, quien se manifestó en la misma línea de los cuestionamientos planteados por su antecesor, Haroldo Brito.

“La idea de dar una señal fuerte a la ciudadanía para el cierre de las brechas salarias tendría un correlato con lo que las personas reclaman. Sin embargo, no se advierte que la ciudadanía demande una rebaja salarial al Poder Judicial“, dijo.

“Las movilizaciones no tienen como foco de atención el reproche a la figura del juez; por el contrario, ha sido reconocido el rol que la judicatura ha desempeñado; es al mundo político a quien se ha volcado ese descontento ante la insatisfacción de demandas sociales“, agregó.

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