Frente Amplio cuestiona a exministro Cordero por representar a salmoneras en el TC: “Siempre hemos criticado la puerta giratoria”

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La decisión del exministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, de representar a la industria salmonera ante el Tribunal Constitucional (TC) despertó duras críticas en su contra por parte de las dos candidatas a la presidencia del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans y Constanza Martínez.

Cordero fue contratado junto a Patricio Zapata por la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile) para representar los intereses del sector y defender los artículos 5 y 6 incluidos en el Plan de Reconstrucción Nacional.

El artículo 5 busca modificar las microrrelocalizaciones de las concesiones acuícolas, permitiendo que las salmoneras trasladen sus centros de cultivo a distancias cortas sin tramitar una concesión nueva. En tanto, la segunda norma otorgaría una autorización para que el sector privado financie las inspecciones de bancos naturales marinos.

La arremetida del Frente Amplio contra Cordero

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, reaccionó a través de sus redes sociales a la contratación del exministro para representar a SalmonChile, señalando que Cordero “no debería representar a la industria salmonera”.

“Siempre hemos criticado la puerta giratoria entre los cargos públicos y la defensa de los grupos económicos, por eso no podemos hacer una excepción cuando se trata de alguien de nuestro sector“, comenzó diciendo.

En esa línea, aseveró que “Luis Cordero no debería representar a la industria salmonera ante un requerimiento contra un proyecto que le hace daño a Chile“.

Argumentó que “haber sido ministro de Justicia y Seguridad implica una responsabilidad más grande que un mandato, sobre todo cuando hay un gobierno de ultraderecha al frente que nos hace retroceder al experimento económico de la dictadura y su fanatismo”.

Por su parte, la diputada y candidata a la presidencia del partido, Gael Yeomans, señaló que “la puerta giratoria en Chile está regulada a medias. La inhabilidad vigente dura apenas seis meses, alcanza solo a organismos fiscalizadores y solo opera cuando hay contrato laboral de por medio”.

En ese sentido, recordó que presentó “un proyecto que extiende la inhabilidad a dos años, la aplica a ministros, subsecretarios y jefes de servicio, cubre las asesorías además del lobby, y sanciona también a las empresas que contratan”.

Mientras la ley siga siendo tan débil, estos casos van a seguir repitiéndose. Es necesario cerrar esta puerta de una vez por todas“, añadió.

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