La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó el proyecto que busca modificar la ley 21.325 de Migración y Extranjería para restringir beneficios fiscales a migrantes irregulares.
La iniciativa, que surgió tras una moción del diputado Juan Fuenzalida (UDI) propone que “la inscripción de extranjeros en el Registro Social de Hogares o en el instrumento de evaluación socioeconómica que lo reemplace, requerirá cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación”.
Entre los fundamentos del proyecto, se apunta a los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones, que dieron a conocer un “crecimiento de más del 3.000% de la población irregular, entre 2018 y 2023, alcanzando las 336.984 personas”.
También se apela al impacto de la migración irregular en la seguridad.
En esa línea, el texto indica que se deberá priorizar la distribución de atenciones médicas y la cobertura del sistema educativo “en favor de los nacionales, frente a extranjeros en condición migratoria irregular. Esto, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo de ‘De los principios fundamentales de protección’ de la ley de Migración”.
Junto con ello, señala que para postular y acceder a beneficios sociales, los extranjeros deberán contar con carnet vigente. Mientras que en los casos de beneficios relacionados con aportes económicos directos, como subsidios habitacionales o arriendo, también será necesario tener residencia definitiva.
Adicionalmente, “prohíbe la entrega de un número identificatorio de carácter temporal o permanente a extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no habilitados”.
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