A inicios de esta semana, Blanco y Negro presentó una querella ante el 13.º Juzgado de Garantía de Santiago contra 15 personas identificadas por su presunta participación en los disturbios, acusándolos de delitos que van desde desórdenes públicos y daños, hasta porte ilegal de armas
Tras los violentos incidentes ocurridos el pasado jueves 10 de abril en el Estadio Monumental, que dejaron como saldo la trágica muerte de dos hinchas en la previa del partido entre Colo-Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, el club albo tomó una drástica decisión: llevar ante la justicia a los responsables.
A inicios de esta semana, Blanco y Negro, la concesionaria que administra Colo Colo, presentó una querella ante el 13.º Juzgado de Garantía de Santiago contra 15 personas identificadas por su presunta participación en los disturbios, acusándolos de delitos que van desde desórdenes públicos y daños, hasta porte ilegal de armas, uso de fuegos artificiales y usurpación de identidad.
Según el escrito de 14 páginas, los querellados actuaron de forma organizada durante el encuentro, ocasionando daños graves a la infraestructura del estadio, invadiendo la cancha y utilizando pirotecnia prohibida.
Las cámaras de seguridad y el personal del recinto permitieron identificar a varios de los presuntos responsables.
Los incidentes dejaron daños que el club estimó en cerca de 480 millones, incluyendo la destrucción de paneles publicitarios, vidrios y otros elementos de seguridad.
En la acción judicial, Colo-Colo subraya que este tipo de violencia no solo afecta el desarrollo del espectáculo deportivo, sino que daña el honor y la imagen del club, especialmente en el año en que celebra su centenario, consignó La Tercera.
Entre los acusados por desórdenes públicos, daños y porte de armas figuran Francisco Aaron Miqueles Gutiérrez, Diego Benjamín Melivilu Hernández, y otros ocho identificados, algunos de ellos menores de edad.
Otro grupo, integrado por cuatro personas, fue querellado por uso de fuegos artificiales.
Además, la concesionaria apuntó a dos casos particulares de usurpación de identidad. Uno de ellos es Víctor Manuel Pérez Guajardo, quien habría ingresado al estadio con una identidad falsa pese a tener prohibido el ingreso.
El otro es Gustavo Adolfo Pradenas Guerrero, un hombre que estuvo en la cárcel por un homicidio ocurrido en 2007 en Providencia, siendo liberado en 2017.
Padrenas, quien también tiene antecedentes por robo con intimidación, receptación y al menos dos estancias en prisión, también vulneró su restricción de acceso usando documentación de otra persona.
El presidente de la ANFP, Pablo Milad, reveló que varios de los involucrados ya tenían prohibiciones previas de ingreso a estadios, con sanciones que en algunos casos alcanzaban los 18 años.
Milad también afirmó que es fundamental erradicar la violencia de los recintos deportivos y destacó la importancia de actuar con firmeza ante estos hechos.
Mientras tanto, la Fiscalía Metropolitana Oriente ya se encuentra en poder de los registros audiovisuales entregados por el club, con el fin de avanzar en la investigación.
Colo-Colo subrayó en su presentación judicial que lo ocurrido no solo afectó el patrimonio del club, sino que también “pone en riesgo la continuidad del fútbol como espectáculo seguro” y deteriora la relación con los verdaderos hinchas que asisten en paz a los partidos.
Además, el también parlamentario acusó que Larraín, cofundador de la entidad, arrastró recursos y personas en una operación que terminó defraudando al Fisco.
