Sana Mente regresa este sábado con nueva temporada
La nueva temporada del programa, una coproducción con Grupo CAP y Fundación Rassmuss, se estrena este 18 de abril a las 22:00 horas, marcando su retorno con nuevos contenidos sobre salud mental.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, en la antesala de la discusión en Sala de la Cámara del proyecto “Escuelas Protegidas”, ingresado por el Ejecutivo, manifestó que “si esto se queda en sanciones y castigos, entonces no vamos a tener solución al problema. Por el contrario, va a dar un aparente alivio en lo inmediato, pero a la larga podría incluso resultar peor”.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió a la discusión que tendrá en la Sala de la Cámara el proyecto “Escuelas Protegidas”, ingresado por el Ejecutivo.
“Estamos ad portas de que se apruebe en la Cámara una serie de normas que el Gobierno ha enviado a tramitación de ley para enfrentar el tema de violencia escolar. Y todas esas normas, esas modificaciones a la ley, tienen que ver con castigo, censura y control. Y, por supuesto, cuando hay situaciones extremas, algo de eso es necesario. Evidentemente, donde están ingresando armas a un colegio, eso tiene que ser evitado y controlado. Eso lo entendemos, pero eso responde a una urgencia y a una situación extrema, pero de ninguna manera puede ser entendido como la política permanente”, planteó el representante del gremio docente.
En ese sentido, Aguilar señaló que las medidas promovidas por el Ministerio de Educación están centradas en lo punitivo, sin considerar la problemática de salud mental que afecta tanto a la sociedad como a los estudiantes. Además, sostuvo que estas carecen de una mirada que promueva una escuela acogedora, con foco en el desarrollo emocional y la buena convivencia como prioridad.
“Nosotros vamos a seguir insistiendo, aunque prediquemos en el desierto, vamos a seguir poniendo el énfasis en la necesidad imperiosa de que se aborden los temas de fondo, que se aborde el problema de la violencia con la integralidad que es necesario abordarla”, enfatizó, y agregó: “Si esto se queda solamente en medidas represivas, en medidas punitivas, en sanciones y castigos, entonces no vamos a tener solución al problema. Por el contrario, va a dar un aparente alivio en lo inmediato, pero a la larga podría incluso resultar peor”.
Cabe recordar que la Comisión de Educación aprobó y despachó a la Sala de la Cámara la iniciativa, que aborda una serie de medidas para afrontar hechos de violencia cometidos al interior de establecimientos educacionales.
Las diputadas Emilia Schneider (FA) y Daniela Serrano (PC), durante la sesión en la Comisión de Educación, realizaron diversas reservas de constitucionalidad a las normas aprobadas. Desde su visión, estas vulnerarían derechos consagrados en la Constitución, así como tratados internacionales.
La parlamentaria Serrano señaló que, aunque se debe esperar la redacción final del proyecto tras su tramitación legislativa, el objetivo es revisar cada norma y eventualmente recurrir al Tribunal Constitucional.
El texto aprobado en la comisión, por mayoría de votos, establece que los sostenedores podrán incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes —excluidas sus vestimentas— para evitar el ingreso, porte o posesión de elementos que puedan utilizarse para agredir a otros o atentar contra la infraestructura del establecimiento.
Sin embargo, “queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal”, punto propuesto por Schneider y Serrano, y aprobado por unanimidad.
El reglamento interno de cada establecimiento deberá establecer el personal expresamente autorizado para realizar las revisiones, garantizando evitar cualquier forma de contacto físico o exposición innecesaria, y que la fiscalización se realice en lugares especialmente designados para ello.
Además, si tras la revisión “se hallaren elementos” como los descritos en la norma, los establecimientos deberán informar de inmediato a los apoderados, así como a Carabineros o a la Policía de Investigaciones.
También se incorporó la norma que establece como requisito para acceder a la gratuidad en la educación superior no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad física de las personas o la propiedad, pública o privada.
La nueva temporada del programa, una coproducción con Grupo CAP y Fundación Rassmuss, se estrena este 18 de abril a las 22:00 horas, marcando su retorno con nuevos contenidos sobre salud mental.