La revelación realizada por la futura vocera de gobierno, Mara Sedini, respecto a que el presidente electo José Antonio Kast sostuvo conversaciones con Trinidad Steinert días antes de su nombramiento, mientras ella aún ejercía como Fiscal Regional de Tarapacá, ha generado un intenso debate sobre los límites entre el Ministerio Público y la política.
Sobre este punto profundizó Claudio Uribe, expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, en entrevista con CNN Chile Radio. El abogado analizó las implicancias éticas de este fichaje para el Ministerio de Seguridad, poniendo el foco en la “prohibición legal” que tienen los persecutores para actuar en política y cómo esta se interpreta en el caso de cargos de confianza exclusiva.
¿Una situación “poco elegante”?
Uribe explicó que, si bien la legislación establece una prohibición de dos años para que los fiscales postulen a cargos de elección popular tras dejar el Ministerio Público, existe un vacío respecto a las designaciones ministeriales. “Es una falla de diseño de nuestra legislación que habría que corregir”, sostuvo.
Sin embargo, más allá de la legalidad, el experto cuestionó la forma en que se gestó el acercamiento. “Es, por decir lo menos, poco elegante estar llamando a una persona que tiene prohibición legal de actuar en política para que asuma un cargo que es político. No creo que se vea muy bien“, afirmó Uribe.
El expresidente de los fiscales fue enfático en señalar que, aunque el contacto previo no constituye un delito, sí genera ruido institucional. “A mí me parece que de alguna manera eso no debió haber ocurrido de esa forma. Creo que los fiscales no deben formar parte de la legislación por lo menos por dos años para ser parte de cargos políticos”, agregó.
Críticas a la falta de alternativas
Uno de los argumentos esbozados por el equipo de Kast para justificar el nombramiento de Trinidad Steinhardt ha sido su experiencia operativa y conocimiento en terreno. No obstante, para Claudio Uribe, recurrir a una fiscal activa revela una debilidad en los equipos técnicos del futuro gobierno.
“¿Cómo no iban a tener nadie más y tener que recurrir a una fiscal del Ministerio Público para este cargo? A mí me parece que habla mal de la preparación que tenían para el tema que era supuestamente el más importante”, sentenció el abogado.
Finalmente, Claudio Uribe concluyó que, si bien la situación es “poco deferente” con la institución persecutora, no cree que este hecho altere la acción general del Ministerio Público, aunque sí deja en evidencia la necesidad de revisar las normativas de “puerta giratoria” entre la justicia y la política.
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