La Corte de Apelaciones de Santiago revisará la petición la próxima semana, en medio de una investigación por tráfico de influencias y fraude al Fisco.
Este miércoles el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió sumarse a Fiscalía y la Municipalidad de Maipú en la solicitud de desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León (ex-UDI), la que será revisada la próxima semana por la Corte de Apelaciones de Santiago.
¿El objetivo? Retirar la inmunidad parlamentaria del legislador para avanzar en una eventual formalización por delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco.
La petición de la Fiscalía fue ingresada el pasado 27 de junio y está contenida en un documento de más de 120 páginas, que detalla una serie de presuntas irregularidades cometidas por Lavín Jr., entre ellas el uso de recursos públicos para fines personales, políticos y familiares.
Este martes 29 de julio, el tribunal capitalino aceptó incorporar como parte de la causa al CDE, que había ingresado un escrito el 11 de julio, solicitando ser parte de la solicitud de desafuero, recogió La Tercera.
A esto se suma la Municipalidad de Maipú, liderada por el alcalde Tomás Vodanovic (Frente Amplio), que ya en marzo presentó una querella contra el parlamentario.
El 9 de julio, el municipio formalizó su adhesión a la solicitud de desafuero, con un escrito presentado por el abogado penalista José Pedro Silva.
“Existen antecedentes serios que acreditan los ilícitos cometidos por el diputado”, señaló Silva a La Tercera, descartando que se trate de una persecución política, como ha insinuado Lavín León.
En su solicitud, la Fiscalía detalla la vinculación de Lavín con la empresa Modo 74, propiedad de sus hermanos Juan Pablo y María Estela Lavín.
La compañía desarrolló Socialtazk, una aplicación de mensajería y recopilación de datos políticos que, según el Ministerio Público, fue financiada íntegramente con fondos públicos del Congreso, pese a tener fines electorales privados.
La investigación apunta a que el diputado ofreció esta herramienta tecnológica a más de 70 candidatos de la UDI durante 2020 y 2021, utilizando gratuitamente la plataforma a cambio de acceder a sus bases de datos.
Además, instruyó a su equipo parlamentario a destinar horas de trabajo para cargar y validar esta información en la plataforma, lo que podría configurar un desvío de recursos estatales.
La defraudación fiscal estimada por el uso de estos recursos ascendería a más de $93 millones.
Paralelamente, el CDE presentó hace tres meses una querella por otra arista del caso: un presunto esquema de financiamiento ilegal de campaña, en el que Lavín León, junto a su asesor Arnaldo Domínguez y los proveedores Juan Silva y Felipe Vásquez, habría presentado facturas falsas para justificar gastos ante el Congreso Nacional.
Según el escrito del CDE, “los querellados se concertaron para rendir gastos improcedentes, abultados y falsos, sin mediar prestación de servicios”.
El perjuicio fiscal en este caso alcanzaría los $104 millones.
La Corte de Apelaciones deberá revisar ahora la solicitud de desafuero en audiencia pública.
Si esta es acogida, el diputado quedaría sin fuero parlamentario y podría ser formalizado por la Fiscalía.
Lavín León ha negado todas las imputaciones y ha señalado ser víctima de un “hostigamiento político”.
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