CDE se querella contra exdirectivos de Viavilidad Coquimbo por presunto fraude de $774 millones en obras del Limarí

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público contra exdirectivos de la Dirección Regional de Vialidad de Coquimbo, del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Según el organismo, el perjuicio fiscal supera los $774 millones.

La denuncia, presentada ante el Juzgado de Garantía de La Serena y revelada por Diario El Día, apunta a contratos de 2021 y 2022 para obras en caminos y puentes de la provincia del Limarí, todos adjudicados a la empresa CMoller SpA.

Los querellados son el exdirector regional Óscar Vilches Estay, el exjefe de Conservación José Villagrán Moore, el exinspector fiscal Pablo Geraldo Zúñiga y el representante legal de la empresa, Gustavo Contreras Gutiérrez.

La mayor parte del monto supuestamente defraudado, unos $708 millones, corresponde a la compra de roca para defensas fluviales, los muros de piedra que protegen las riberas y la base de los puentes de las crecidas.

Según la CDE, en cinco de los siete puentes contemplados las defensas nunca se construyeron y el material quedó acumulado junto a los ríos. Además, se habría entregado canto rodado, piedra redondeada que no sirve para este tipo de obras, y en algunos casos se pagó casi el triple de la roca que efectivamente se midió en terreno.

Los otros dos casos son caminos rurales. En la ruta D-671, en Punitaqui, se pagaron más de $42 millones por material que no cumplía las especificaciones técnicas, lo que obligó a terminar el contrato y a licitar de nuevo. En la ruta D-753, en Monte Patriam, se pagaron $24 millones por materiales que, según el CDE, nunca llegaron.

Un informe de Contraloría ya había detectado que los mismos funcionarios que elegían a la empresa ganadora de la licitación eran después los encargados de fiscalizarla. La querella sostiene que hubo un acuerdo previo para fortalecer a CMoller Spa y que se emitieron informes de recepción falsos para justificar los pagos.

Consultado por El Día, Vilches dijo que su abogado está estudiando los antecedentes y que por ahora no puede comentar. Los otros involucrados no respondieron y la seremi de Obras Públicas señaló que corresponde a la justicia pronunciarse. Las imputaciones deberán ser acreditadas en el proceso penal.