AGENCIA UNO

Este lunes, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) denunció ante el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que ciertos términos del Acuerdo por Chile, pacto político que busca habilitar un nuevo proceso constituyente, “vulneran gravemente” los derechos humanos.

En la acusación presentada por el abogado Carlos Margotta a nombre de la institución, sostienen que el acuerdo “vulnera gravemente los artículos 1° y 25° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho de libre determinación y coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas en nuestro país de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública“.

Al respecto, recordaron que este tratado internacional fue suscrito y ratificado por el Estado de Chile, “lo que trae aparejada la obligación de todos los órganos y Poderes del Estado, de respetar y dar debido cumplimiento de sus normas, así como de las resoluciones, recomendaciones y observaciones generaciones emitidas por los distintos órganos especializados del sistema de protección internacional de los Derechos Humanos, en virtud de lo mandatado por el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución vigente”.

¿Qué denuncian?

En concreto, la denuncia indica que “desde la perspectiva de los Derechos Humanos, no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno el que 24 personas no elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto constitucional que deberá ser el marco obligatorio de trabajo para el Consejo Constitucional, y que otro organismo designado -el Comité de Admisibilidad- habilite, fiscalice y decida la admisibilidad de las propuestas declarando su compatibilidad o no respecto del marco constitucional predeterminado por el borrador y las bases institucionales”.

Todo ello convierte al Comité de Expertos junto al Comité Técnico de Admisibilidad en los tutores o custodios del proceso sin que soberanamente la ciudadanía le haya entregado esa facultad y poder, violentando con ello gravemente la soberanía popular, restringiendo la democracia y desconociendo el poder constituyente originario que lo detenta exclusivamente el pueblo de Chile”, continúa.

Además, el texto dice que “en términos formales, la participación de ‘comisiones de expertos’ en los procesos constituyentes, si bien no es en sí misma una situación proscrita o censurable, la regla desde la perspectiva de los Derechos Humanos es que debe tener necesariamente un carácter asesor y nunca deliberativo”.

De este modo, la denuncia de la CChDH termina solicitando al alto comisionado que los hechos fundantes de la misma sean incorporados en el próximo informe que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) tendrá que emitir ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

También, pide que “remita la denuncia al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (…) para que -en uso de sus atribuciones y competencia- la tramite como denuncia o comunicación individual según el procedimiento establecido”.

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