Caso Putre: La querella del comandante del Ejército que acusa a altos mandos por muerte de Franco Vargas

La solicitud de formalización contra al menos cuatro funcionarios del Ejército que planea presentar el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, ante el Juzgado de Garantía, en el marco de la causa por la muerte del conscripto Franco Vargas, de 19 años, se ha visto retrasada esta semana.

Esto, luego de que el abogado Humberto Palamara Iribane, querellante en la causa, solicitara nuevas diligencias.

Palamara es el representante del comandante Claudio Guajardo, quien lideraba el batallón en el que Vargas realizaba su servicio militar cuando falleció en abril de 2024 en la localidad de Pacollo, a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar.

El abogado presentó inicialmente una denuncia, y posteriormente, en febrero de este año, una querella contra quienes resulten responsables del fallecimiento del joven, apuntando a la omisión de protocolos médicos que —según su tesis— pudieron haber evitado la tragedia.

En la querella también acusa cuasidelito de homicidio, apremios ilegítimos con resultado de muerte, tráfico de influencias y falsedad en materia militar.

Además, sostiene que los responsables “expusieron imprudentemente” a Vargas a condiciones letales.

Entre ellos, un examen de hipobaria, obligatorio para evaluar la capacidad de los conscriptos para operar en zonas de gran altitud, y una vacuna preventiva contra infecciones respiratorias.

¿Qué dice la querella?

La querella no identifica responsables directos. No obstante, la denuncia sí enumera a una serie de altos mandos del Ejército.

Entre ellos figuran el comandante de Operaciones Terrestres, Pedro Varela; el general (r) Rubén Castillo; el comandante en jefe de la VI División, Guillermo Altamirano; el jefe del Estado Mayor de la misma división, Enrique Del Fierro; el teniente coronel Marco Agosín; y el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, a quien se le señala como encubridor, consignó La Tercera.

Según el escrito, el examen de hipobaria, cuya aplicación habría sido ordenada por el general Christian Bolívar Romero, nunca se realizó.

Palamara sostiene que de haber sido aplicado, Franco Vargas probablemente habría sido declarado no apto para cumplir funciones en altura, evitando así su exposición a condiciones extremas.

Además, el documento asegura que Guajardo desconocía que los conscriptos llegaron sin las evaluaciones médicas ni las vacunas, y que, de haber sido informado, habría objetado la orden de marchar hacia Putre.

También se acusa a Enrique Del Fierro de no haber incorporado el examen en la planificación operativa para el servicio militar de 2024.

Uno de los puntos más delicados apunta al general Iturriaga, quien —según la querella— afirmó en junio de 2024 ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que ni las vacunas ni los exámenes eran parte del protocolo militar.

Palamara, sin embargo, presentó documentación que indicaría lo contrario.

En paralelo, la familia del joven conscripto ha cuestionado duramente la figura de Guajardo, insistiendo en que el comandante debería figurar como imputado en la causa y no como querellante.