El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió este martes declararse incompetente para seguir conociendo la causa vinculada al Caso ProCultura, que investiga presuntos delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida.
La decisión implica el envío de los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, instancia que asumirá la jurisdicción del proceso.
La resolución fue adoptada por el magistrado Hans Durán Vásquez, quien acogió la solicitud presentada por la defensa del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, considerando que los hechos investigados se relacionan de forma exclusiva con la capital.
“La presente investigación guarda una conexión territorial y fáctica exclusivamente con la Región Metropolitana”, argumentó el juez, basándose en lo establecido por el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales.
En su dictamen, el tribunal señaló que ni los hechos materia de la indagatoria, ni los recursos públicos comprometidos, ni los presuntos beneficiarios tienen relación directa con la ciudad de Antofagasta. Por esta razón, sostuvo que no existe fundamento jurídico que justifique mantener la causa en dicha jurisdicción.
Además, el tribunal rechazó los argumentos presentados por el Ministerio Público para mantener la investigación en Antofagasta, calificando su postura como “manifiestamente infundada” y sin sustento normativo. En consecuencia, se condenó a la Fiscalía al pago de las costas procesales del incidente, aplicando normas del Código de Procedimiento Civil de manera supletoria.
Fallo y consecuencias
En concreto, la resolución establece:
- La acogida del incidente de incompetencia promovido por la defensa del gobernador Orrego, en el contexto de la investigación por el convenio “Prevención del subsidio mediante el fomento de la salud”, suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano y la fundación Procultura.
- El traslado inmediato de los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal predeterminado por ley para conocer de los hechos investigados.
- La condena al Ministerio Público al pago de las costas, debido a su insistencia en mantener la causa en una jurisdicción que, según el fallo, no corresponde.
- En caso de que el tribunal capitalino rechace asumir competencia, la contienda será dirimida por la Corte de Apelaciones correspondiente.
La causa forma parte del conocido Caso Convenios, una serie de investigaciones abiertas a lo largo del país por presuntas irregularidades en la asignación de recursos públicos a fundaciones privadas.
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