Caso ProCultura se verá en Santiago: Juzgado de Antofagasta rechaza apelación de Fiscalía y la declara “improcedente”
Por CNN Chile
06.10.2025 / 15:43
La justicia desestimó también el intento de revertir la condena en costas, afirmando que los argumentos de la Fiscalía carecían de sustento legal.
Este lunes el Juzgado de Garantía de Antofagasta desestimó el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público en el marco del traslado del Caso ProCultura, ratificando que la investigación penal relacionada con el gobernador metropolitano Claudio Orrego continuará en Santiago.
El fallo, firmado por el juez Hans Durán, declara “inadmisible, por improcedente” el intento del fiscal adjunto Eduardo Ríos Briones —de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja de Antofagasta— de revertir la resolución que había declarado incompetente al tribunal nortino y ordenado el traslado del caso al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Esta apelación fue presentada el pasado 3 de octubre y solicitaba que se dejara sin efecto el traslado del caso, además de pedir que se suspendiera el proceso hasta que se resolviera la solicitud de desafuero del gobernador.
De este modo, se ratifica lo resuelto el pasado 30 de septiembre, cuando el tribunal antofagastino aceptó los argumentos presentados por la defensa de Orrego y determinó que no existían fundamentos legales para mantener la causa en la región.
En consecuencia, se ordenó remitir los antecedentes al tribunal de la capital.
El Ministerio Público también intentó revertir la condena en costas en su contra, calificándola como “improcedente, arbitraria y contraria a derecho”. Sin embargo, el tribunal concluyó que estos requerimientos carecían de sustento legal.
La arista penal del caso ProCultura —que involucra a Orrego en presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida— tiene su origen en un convenio firmado en septiembre de 2022 entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Fundación ProCultura.
El acuerdo, que contemplaba un financiamiento superior a $1.683 millones para un programa de salud mental, es ahora foco de investigación judicial.