La instancia será el próximo 6 de octubre.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta fijó la fecha para revisar el eventual desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del Caso ProCultura.
La audiencia quedó fijada para el lunes 6 de octubre a las 9:00 horas.
La solicitud de desafuero fue presentada este jueves por la Fiscalía, con el objetivo de formalizar a Orrego por su presunta participación en delitos de cohecho y fraude al fisco.
El caso también tiene como protagonista a Alberto Larraín, quien dirigía la Fundación Procultura, la cual realizaba distintos proyectos con la Gobernación Metropolitana.
🔴AHORA| La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió a trámite solicitud de desafuero en contra del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, en el marco del caso “Procultura”. @CNNChile pic.twitter.com/gltP7KMZDA
— Miguelangel Araya (@solomaraya) September 5, 2025
En detalle, se fijó en cerca de $1.700 millones el monto a ejecutar en el programa “Quédate”; sin embargo, solo se utilizó el 40%, quedando cerca de mil millones de pesos sin justificar, los cuales no quedaron en cuentas de la gobernación ni del programa. Se solicitó devolución del dinero a ProCultura y a Larraín, pero no se ha tenido novedad.
Cristián Riesgo, abogado defensor del gobernador, dijo que aún no han sido informados sobre la solicitud de desafuero.
“Nos hemos enterado por la prensa, como abogados del gobernador Orrego, de la formulación de una solicitud de desafuero en su contra. Aún no nos ha sido notificada, no conocemos su contenido, y, por lo tanto, no podemos hacernos todavía cargo de ellos”, comentó.
Y añadió que “el gobernador, desde hace muchos meses, ha venido colaborando ampliamente y transparentemente con el fiscal que estuvo a cargo de la causa. Prestó declaración, entregó numerosísimos antecedentes que dan cuenta de la veracidad de su versión de los hechos, teniendo muy claro que esto no debiera prosperar, puesto que no hay ningún delito”.
El exfiscal y abogado penalista Ricardo Freire explicó que “ciertos funcionarios públicos, sobre todo aquellos con cargos de elección popular, tienen el privilegio de no poder ser procesados ante tribunales en materia penal, y fundamentalmente no se les pueden pedir medidas cautelares personales, sin que haya un antejuicio en el que se evalúe la plausibilidad de la imputación penal que se le haga”.
En ese sentido, “el fuero lo que hace es proteger a la autoridad política de ser perseguida sin fundamento en materia penal. Por lo mismo, la Corte de Apelaciones revisa la seriedad de los argumentos en virtud de los cuales se pretende imputar la comisión de un delito a esta autoridad”.
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