Desde el oficialismo, en tanto, se asegura que no habrá “defensa corporativa” a la diputada, respaldando el avance de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público.
Este lunes, el pleno de la Corte Suprema ha confirmado el desafuero de la diputada exFrente Amplio, Catalina Pérez, por su presunta participación en la arista Democrático Viva del Caso Convenios.
La resolución, que marca un hito en este proceso judicial, avala la solicitud de la Fiscalía para que la parlamentaria pierda su inmunidad parlamentaria y pueda enfrentar cargos por fraude al Fisco ante la justicia.
La decisión del máximo tribunal ratifica la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que, el pasado 20 de febrero, acogió la solicitud de Fiscalía, explicando que los convenios suscritos con la fundación Democracia Viva, que alcanzaron un total de $426 millones, habrían contado con la intervención de Pérez.
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La parlamentaria habría mantenido vínculos con los imputados Daniel Andrade (su expareja y exrepresentante legal de Democracia Viva) y Carlos Contreras (exseremi de Vivienda en Antofagasta).
El caso involucra convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, en los cuales se habrían transferido $426 millones sin cumplir con los requisitos establecidos, generando una creciente indignación en la ciudadanía.
Según la Fiscalía, estos convenios habrían favorecido indebidamente a la organización, presuntamente con la participación de Pérez, quien habría mantenido lazos cercanos con los principales implicados en el escándalo, incluidos Andrade y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda en Antofagasta.
El desafuero de Pérez ha generado controversia entre los parlamentarios de oposición, quienes exigen que la exdiputada enfrente la justicia con medidas cautelares estrictas.
Los congresistas Roberto Arroyo (PSC), Catalina Del Real (Partido Republicano), María Luisa Cordero (IND-RN) y Karen Medina (IND-DC) han sido enfáticos al pedir que se aplique la prisión preventiva a Pérez, argumentando que su actuar es un claro ejemplo de corrupción y abuso de poder.
“Es vital que la justicia se mantenga independiente y que no haya impunidad, sin importar el cargo o la influencia política de quienes se vean involucrados”, sostuvo Arroyo.
Por su parte, Del Real recalcó que “la política no debe ser un terreno para el desvío de recursos ni para la impunidad”, mientras que Cordero afirmó que este caso “debe ser una advertencia clara de que quienes tienen poder no pueden estar por encima de la ley”.
Karen Medina también señaló que la función pública requiere transparencia y compromiso, y que la situación de Pérez representa una traición a la confianza de la ciudadanía.
Desde el oficialismo, el diputado Diego Ibáñez (FA) aseguraron que no va a haber “defensa corporativa” en relación con Pérez, enfatizando en que la “justicia tiene funcionar”.
“Ella ya no es arte del FA y esperamos que la justicia avanece, que las instituciones funcionen. La corrupción venga de donde venga, tiene que ser investigada (…) El oficialismo es mucho más que Catalina Pérez y estamos respaldando todas las investigaciones que se hagan para que se llegue a la verdad del Caso Convenios”, agregó Ibáñez.
El diputado y candidato presidencial del FA, Gonzalo Winter, sostuvo que a pesar de que no conocer el contenido del fallo, esperaba que la resolución “sea acorde a derecho”.
La acusación contra Pérez se centra en su presunta implicación en la firma de convenios con Democracia Viva, entidad que, según los fiscales, no contaba con la experiencia necesaria para ejecutar los proyectos a los que fueron asignados los fondos públicos. Además, se le acusa de manipular los documentos y colaborar en la destrucción de pruebas para encubrir los hechos, basándose en testimonios, mensajes de WhatsApp y otros documentos recopilados durante la investigación.
La defensa de la diputada, encabezada por los abogados Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo, ha insistido en la inocencia de Pérez, asegurando que no existen pruebas concluyentes que la vinculen con los actos delictivos imputados.
En un comunicado, los abogados reiteraron que el desafuero no implica culpabilidad y que la diputada ha colaborado con la Fiscalía durante todo el proceso. “Jamás ha cometido fraude al Fisco”, afirmaron.
La exsecretaria de Estado además fue enfática al recalcar que la decisión de retirar su candidatura de la senadora no respondió a presiones externas ni a los sondeos de opinión pública.
