El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, expuso este jueves en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la investigación del caso Convenios. Instancia donde dio cuenta de diversas irregularidades que involucran a Seremis de Vivienda y gobiernos regionales con fundaciones.
En la comisión investigadora, el jefe fiscalizador del Estado detalló los principales hallazgos respecto a las debilidades del proceso de transferencias del Programa Asentamientos Precarios del Minvu a fundaciones.
En ese sentido, Bermúdez informó que hay 11 Seremis denunciadas ante el Ministerio Público por acciones que podrían constituir delitos, entre ellas: las de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.
Asimismo, y de las organizaciones no gubernamentales, 19 fueron objeto de observaciones entre 2021 y 2023, desde el gobierno anterior al actual. Las más delicadas apuntan al incumplimiento del deber de abstención para contratar a ciertas fundaciones: en Antofagasta, el caso de Democracia Viva; en O’Higgins con Arquiduc, en Maule, con Urbanismo Social; y en Biobío, con Urbanismo Social y Procultura.
Mientras que en Tarapacá, Antofagasta y Atacama se detectó la fragmentación de contratos para disminuir los montos artificialmente.
De esta manera, advirtió que personas contratadas y pagados por fundaciones se desempeñaban físicamente en oficinas estatales, en Antofagasta y O’Higgins.
Dentro de los hallazgos respecto a los gobiernos regionales y sus traspasos de platas públicas a fundaciones, llamó la atención lo revelado en Maule, donde se le exigió a Urbanismo Social la contratación específica de tres personas con dineros de los programas que se iban a ejecutar.
“Para nosotros el hecho objetivo es ese, se exige la contratación de personas una vez que ya se ha suscrito el convenio con una entidad privada, para poder realizar el convenio. Eso ya está acreditado en el informe, lo que no está acreditado es la responsabilidad, pero el hecho objetivo está acreditado con distintos medios de prueba, y este informe del Gobierno Regional del Maule se fue al Ministerio Público, porque da cuenta de un tráfico de influencias muy indebido, y la Contraloría va a iniciar un sumario administrativo por lo mismo”, subrayó Bermúdez.
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