El ministro de Seguridad Pública explicó que los primeros antecedentes sobre la mujer, considerada detenida desaparecida, surgieron en 2024 gracias a la investigación de Pascale Bonnefoy.
El ministro de Seguridad Pública y ex titular de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, respondió a los cuestionamientos en torno al Plan Nacional de Búsqueda, tras conocerse que Bernarda Vera, hasta ahora considerada detenida desaparecida durante la dictadura de Augusto Pinochet, en realidad estaría viva en el extranjero.
Según explicó la autoridad, los primeros antecedentes surgieron en mayo de 2024, a partir de la investigación de la periodista Pascale Bonnefoy.
“Cuando las primeras indagaciones de la investigadora dieron indicios de que el relato asociado a lo ocurrido en Liquiñe no era relativamente consistente pese a la calificación que ya existía por el informe Rettig, fue comunicado en mayo de 2024”, señaló.
Cordero indicó que, a partir de esa fecha, el equipo del programa de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Búsqueda emitió oficios reservados a instituciones como la PDI, Acnur y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Finalmente, en mayo de 2025 el Estado de Suecia confirmó la residencia de la mujer.
El ministro recalcó que la información se manejó con extrema reserva y que la primera en ser informada fue la hija de Vera, en enero de 2025.
“Este caso es muy importante porque uno no debe perder de perspectiva el cuidado especial con los familiares de las víctimas. La hija de Bernarda Vera ha tenido apoyo y entrevistas por parte del programa. Sería redundar en el dolor insistir públicamente sobre un hecho de estas características. Hay que resguardar la verdad, pero también el dolor de los familiares”, enfatizó.
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“Nosotros entendemos que ella y su familia han actuado no solo de buena fe, sino con total desconocimiento de esta situación. Todos debiéramos actuar con respeto y extrema prudencia”, añadió Cordero.
Consultado sobre la posibilidad de que se repitan casos similares, reconoció que “hay antecedentes” de errores en calificaciones históricas, aunque aclaró que el Gobierno no puede modificar listados de manera administrativa.
“Lo que sí el Estado tiene conocimiento es que hay muchas víctimas no calificadas, o que sus calificaciones fueron rechazadas en la Comisión de Verdad y Reconciliación, y que luego mediante la construcción de trayectorias se ha podido detectar errores”, explicó.
El ministro también descartó una eventual renuncia de la actual coordinadora del Plan Nacional de Búsqueda, Magdalena García, y pidió “prudencia y moderación” en el debate público.
Chilevisión viajó a Argentina a encontrar a la mujer apuntada como Bernarda Vera, quien se habría radicado en el territorio trasandino tras un paso por Suecia. En ambos países tuvo hijos con su esposo argentino.
La mujer no quiso dar declaraciones y su hijo señaló que ella solo quiere vivir “una vida en paz”.
Desde el Ministerio de Justicia, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, señaló que “desde principios de marzo de 2024 se detectan incongruencias de lo que habría pasado. La primera vez que recibimos información concreta de este caso fue en mayo del 2025 y apenas la recibimos fue puesta en conocimiento de la justicia”.
Consultada sobre por qué no adoptaron medidas antes, señaló que “creo que hay que ser muy responsables y muy rigurosos con la información. Lo que hicimos, porque sí adoptamos medidas, fue solicitar información oficial a las instituciones pertinentes. Todas las respuestas que recibimos fueron negativas”.
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