Caso Bernarda Vera: Diputados UDI ofician a Contraloría por posible fraude en entrega de beneficios a víctimas de DD. HH.

Por CNN Chile

29.09.2025 / 12:59

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Los gremialistas dijeron esperar que "se busquen todos los casos que sean necesarios".


Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Daniel Lilayu, oficiarán a la Contraloría General de la República (CGR) por posible fraude en la entrega de beneficios a víctimas de violaciones a Derechos Humanos.

La situación ocurre luego de que un reportaje de Chilevisión revelara que Bernarda Vera, quien figura como detenida desaparecida en el Informe Rettig, en realidad estaría viva y residiendo en Argentina.

En ese sentido, los parlamentarios valoraron la investigación que habría dejado en evidencia a una persona que es considerada como víctima de desaparición forzada y que vive en otro país.

“Aquí no basta con indignarse unos días: vamos a oficiar a la Contraloría para que se busquen todos los casos que sean necesarios, caiga quien caiga, porque los chilenos merecen la verdad. No aceptaremos que se siga jugando con la memoria histórica ni con la plata de todos”, dijo Alessandri.


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Además, apuntó a que este hallazgo “abre la puerta a un eventual fraude de proporciones”.

“Si un canal de televisión pudo encontrar a una de estas personas, alguien con las facultades que tiene la Contraloría puede encontrar a muchas más. Aquí no estamos hablando de un error administrativo menor, sino de un posible engaño gigantesco al Estado de Chile, que por años ha destinado recursos a quienes no corresponden”, advirtió.

Y añadió que, de confirmarse que este caso sería falso, “hay plata de todos los chilenos, hay falsos exonerados y hay miles de millones de pesos que fueron robados a los contribuyentes”.

Mientras que el diputado Lilayu calificó el caso de un “escándalo mayúsculo” que no puede quedar en la impunidad y que “la Contraloría debe investigar a fondo, que se revisen todos los registros y beneficios, y que se identifique a quienes se han enriquecido con este tipo de montajes. El Estado no puede seguir financiando mentiras”.