Parlamentarios oficialistas, independientes y del Partido Humanista (PH) hicieron un llamado para que expertos y movimientos sociales puedan ser incluidos en el debate constitucional en el caso de que gane la opción Apruebo en el plebiscito de salida del domino 4 septiembre.
La senadora Fabiola Campillai (IND) junto a los diputados Andrés Giordano (IND), Jorge Brito (RD), Hernán Palma (PH), Cristián Tapia (IND), y las diputadas Ericka Ñanco (RD), Alejandra Placencia (PC), Mercedes Bulnes (IND), Nathalie Castillo (PC), Ana María Gazmuri (IND), Camila Musante (IND), Marta González (IND), Lorena Pizarro (PC) y Viviana Delgado (PEV), firmaron una carta solicitando la acción.
“El plebiscito de este 4 de septiembre nos convoca a pensar el país que queremos cómo construiremos un nuevo Estado garante de derechos que nos mandata la nueva Constitución. Es así que, desde nuestro rol como parlamentarias y parlamentarios provenientes de movimientos sociales, creemos firmemente es algo que deberemos determinar luego del plebiscito, respetando el proceso constituyente, y junto a las organizaciones, juntas de vecinas y vecinos, sindicatos, expertas y expertos, y especialmente con las personas comunes, que no pertenecen a una orgánica, pero necesitan urgentemente mejorar su calidad de vida. Esta es la oportunidad que tenemos de cambiarla de forma concreta con la participación de quienes son los principales afectadas y afectado”, indicaron.
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En ese sentido, los parlamentarios manifestaron que, como legisladores, “la nueva Constitución nos mandata a asegurar trabajo decente y una remuneración justa y suficiente para el grupo familiar, es decir, un salario mínimo que supere la línea de pobreza familiar promedio ($531.048 líquidos actualmente); una vivienda digna -incluyendo, por cierto, la vivienda propia-, nunca más casas sin espacio para habitar ni servicios suficientes, o de pésima calidad; también educación y salud gratuita y de calidad, donde, sin excluir a privados, el centro esté en lo público para que nadie quede sin este derecho por no tener los recursos suficientes; también el nuevo sistema de seguridad social público que otorgará protección y prestaciones suficientes al jubilar, entre otras contingencias que enfrentan la gran mayoría de personas que habitan nuestro territorio; este sistema garantiza que no haya más pensiones de miseria. La nueva Constitución nos brinda la oportunidad de avanzar hacia una sociedad democrática, en igualdad de derechos para hombres, mujeres y disidencias sexogenéricas”.
De esta forma, agregan, “es también nuestra responsabilidad entregar las certezas para que esta discusión desborde las paredes del Congreso, y que los cambios constitucionales y la implementación de las leyes que nos mandata esta nueva Constitución tengan como principio la participación ciudadana, siguiendo el espíritu que nos llevó en un principio a exigir en las calles un nuevo texto que deje atrás los cerrojos que llevan 30 años frenando las transformaciones para un Chile más justo, democrático, descentralizado y sin abusos.
“Así, nuestro llamado es a centrar el debate en cómo garantizamos que los movimientos sociales y las personas que no están representadas en los partidos políticos, -quienes tuvieron rol fundamental en el proceso constituyente-, sean parte de la etapa posterior al Apruebo, en la implementación y los eventuales cambios en el nuevo texto, de forma transparente e inclusiva, acabando con la dinámica paternalista, discriminadora y tan cuestionada, propia del neoliberalismo que instaló la dictadura”, sentenciaron.
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