El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, nuevamente defendió la pensiones de gracia entregadas a personas con antecedentes penales a propósito del estallido social.
“Si se atropellan los derechos humanos por responsabilidad del Estado, (…) el Estado es quien tiene obligaciones con quienes sean víctimas de ese atropello“, afirmó en una entrevista.
¿Qué dijo Lautaro Carmona?
En conversación con Radio Agricultura, Carmona partió señalando que si instituciones del Estado como las policías son responsables de atropellos a los DDHH. “el Estado tiene obligaciones para con quienes sean víctimas de ese atropello“.
“Algunos se preguntaban ¿por qué tenemos que pagar todos?, no es todos, es el Estado. De lo contrario, entonces el Estado tampoco debiera hacerse responsable de las atrocidades que cometieron en dictadura“, agregó el timonel del PC.
En esta línea, si bien afirmó que el Estado tiene “obligaciones de reparar” en caso de atropellos a los DD.HH. “este camino de las pensiones de gracia es muy básico, lo que debiera haber es verdad, desde el punto de vista de los tribunales, debiera haber justicia, reparación y no repetición”.
“Ahora, si de por medio se presentaron antecedentes de gente que no tenía mérito y estaba aprovechándose, abusando de un espacio que podía tener una retribución que no le correspondía, bueno, es justificable (la revocación). Es justo que se repare y se revoque aquella adjudicación, porque no corresponde”, añadió.
Respecto a los beneficiarios que tienen condenas previas, afirmó que “si una persona tiene un prontuario, ha cometido un delito, enfrentó a la justicia, asumió la consecuencia del castigo que definió la justicia respecto a su conducta delictual, no tiene por qué tener una falta de protección cuando se trata del atropello a los derechos humanos”.
“¿O alguien va a poder sostener civilizadamente que un delincuente no tiene derecho a defender y a presentar su situación si es que perdió un ojo, porque es delincuente?”, dijo, aunque aclaró que “yo no soy quién para defender a delincuentes y darles cobertura, pero no puedo aceptar que se disminuya la obligación del Estado frente al atropello de derechos humanos”.
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