Una carabinera detenida durante la denominada Operación 3D habría cobrado entre $9 mil y $20 mil por realizar consultas en los sistemas institucionales y entregar información reservada a integrantes de una red de tráfico de armas.
La funcionaria, identificada con las iniciales R.H.M., pertenece a la 18ª Comisaría de Ñuñoa y cuenta con 11 años de servicio. A diferencia de otros miembros de la organización, no es investigada por la venta de armamento, sino por el presunto delito de cohecho.
Según antecedentes de la investigación revelados por Reportajes de Teletrece, la cabo utilizaba las plataformas policiales para consultar información sobre personas específicas y entregarla posteriormente a miembros del grupo criminal.
¿Qué información habría entregado?
Los integrantes de la organización habrían recurrido a la funcionaria cuando necesitaban obtener antecedentes sobre determinadas personas.
Uno de los episodios investigados ocurrió cuando un miembro del grupo buscaba localizar a un supuesto comprador que lo habría engañado durante un negocio.
En ese contexto, otro integrante aseguró tener contacto con una carabinera activa capaz de acceder a los registros institucionales. Para acreditar esa posibilidad, habría enviado capturas de pantalla con información de personas consultadas previamente.
Más de $350 mil por consultas
De acuerdo con el Ministerio Público, la funcionaria cobraba montos de entre $9 mil y $20 mil por cada revisión realizada.
La Fiscalía sostiene que el mecanismo habría funcionado, al menos, desde diciembre de 2024 y que la cabo alcanzó a recibir más de $350 mil por las consultas pagadas.
La participación de la carabinera quedó al descubierto mediante un agente encubierto de la Policía de Investigaciones que se infiltró en grupos de Telegram utilizados por la organización, entre ellos uno denominado “Emoticones de Diablo”.
En esas conversaciones, un integrante conocido con el alias de “Hampa” ofreció obtener información policial a través de un contacto activo dentro de Carabineros.
Posteriormente, otro imputado realizó un pago de $9 mil para acceder a los antecedentes solicitados, operación que permitió a los investigadores reconstruir el mecanismo.
La cabo fue detenida el pasado 16 de julio mientras cumplía funciones en la 18ª Comisaría de Ñuñoa. En el procedimiento participaron detectives de la PDI y personal de Asuntos Internos de Carabineros.
La Operación 3D permitió desarticular una presunta red dedicada al tráfico de armas que tendría más de 50 involucrados, entre ellos un soldado conscripto del Ejército.
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