LEONARDO RUBILAR CHANDIA / AGENCIA UNO

(Agencia Uno) – La diputada de Renovación Nacional (RN) Camila Flores presentó un proyecto de resolución por el cual le solicita al presidente Sebastián Piñera extender la vigencia del decreto que declara como zona de escasez hídrica a las provincias de San Felipe, Los Andes, Quillota, Petorca y Marga Marga.

“Debido a esta crisis que estamos pasando como país y a nivel mundial, es necesaria la discusión de una nueva política hídrica que se desarrolle en medio de la sequía más extrema de la que se tiene registro en el país y se hace en forma transversal, convocando a representantes de distintos sectores vinculados al agua y cuidado del medioambiente”, argumentó.

La parlamentaria oficialista también señaló que “es fundamental que el trabajo realizado vaya aparejado de recursos suficientes que permitan al Estado de Chile estudiar e implementar tecnologías innovadoras para combatir la escasez de agua potable”.

Al mismo tiempo, la legisladora especificó que es necesario la destinación de recursos para que la Mesa Nacional del Agua lidere decididamente el plan para enfrentar la crisis hídrica que atraviesa el país, ello con una mirada nueva e innovadora.

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Creación de un Plan de Colaboración en Gestión Hídrica

En tal sentido, Flores solicitó crear el Plan de Colaboración en Gestión Hídrica que ayude a todas las personas naturales y jurídicas, a reducir el consumo de agua, incorporando tecnologías que permitan hacer mucho más eficientes los procesos productivos que requieran de agua, como, por ejemplo, máquinas que conviertan el aire en agua, plantas compactas salinizadoras, aeronaves aspersores de nubes, y en lo posible, utilizar otras fuentes de abastecimiento que no afecten el consumo humano.

Junto a ello, propuso impulsar un centro de investigación para implementar otras tecnologías innovadoras que ayuden a combatir la escasez de agua en nuestro país.

Finalmente, la diputada pidió dar urgencia al proyecto que modifica la ley sobre fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, cuyo objetivo central es modernizar y prorrogar dicho cuerpo legal en consideración a objetivos de sustentabilidad, focalización en la pequeña agricultura y mejoras en el acceso a los fondos concursables.

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