Agencia Uno

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó casi sin cambios el proyecto de ley de usurpaciones. El trámite pasará al Senado casi en las mismas condiciones en las que fue presentado, una decisión que derrota las intenciones del Gobierno.

La iniciativa busca regular la ocupación ilegal de inmuebles, aumentando las sanciones de estos delitos, fijando nuevas penas e incorporando mecanismos más eficientes de restitución.

El Gobierno se había desmarcado del proyecto, ingresando una serie de indicaciones y solicitudes de votaciones separadas. Además advirtió que la normativa presentada la Comisión de Seguridad Ciudadana podría permitir la “autotutela”, es decir, que las personas dueñas, o que se sientan dueñas, de un terreno o inmueble tomado, puedan por la fuerza recuperarlo.

Tras la decisión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió que en la normativa “no solo se presume la concurrencia de los requisitos, sino que habilita causar cualquier daño al autor del delito: esa es la legítima defensa privilegiada. O sea, aquí se puede actuar en cualquier plazo, recurrir a terceros y causar cualquier daño”.

“Estamos haciendo un esfuerzo para tener una ley que proteja a las personas a quienes le usurpen sus bienes, pero hagámoslo con las herramientas del derecho, no del salvajismo“, sostuvo la secretaria de Estado.

Durante el debate, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, indicó que “la legítima defensa privilegiada vuelve a imponer la fuerza del más fuerte, y lo único que va a producir es un enfrentamiento inevitable y sangriento entre particulares, y eso es lo que el Estado tiene que evitar”.

“No podemos votar a favor de algo que es completamente irracional“, agregó el parlamentario.

Este proyecto no permite contratar matones, de hecho, hemos avanzado en legislar para sancionar el delito de sicariato (…) si lo que no quieren es que las personas puedan defender su propiedad en el marco de la ley, díganlo, pero no nos vengan con alocuciones tan extravagantes“, indicó, en tanto, el diputado republicano José Carlos Meza.

Finalmente la única indicación del Gobierno que fue aprobada fue la referida a la detención a personas que sean parte del registro de campamentos del Ministerio de Vivienda, vigente al 1 de marzo de 2024.

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