Esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 68 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones el proyecto de resolución que le solicita al presidente Gabriel Boric, considerar pedirle la renuncia al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Entre los votos a favor se encuentran los de la diputada Maite Orsini (RD) y Raúl Soto (PPD).
En el documento impulsado por la bancada del Partido Republicano, se plantea una “deficiente gestión” por parte del secretario de Estado.
“La falta de resultados efectivos, la insuficiente asignación de recursos y la falta de transparencia en la administración de los mismos, han llevado a una situación preocupante en la que los derechos de los niños y adolescentes se ven comprometidos”, se detalla en el proyecto.
También, se acusa de “grave vulneración de los derechos de los niños y adolescentes“, ya que denuncian, “se han registrado casos alarmantes de negligencia y falta de seguimiento adecuado en la atención a menores en situación de vulnerabilidad, exponiéndolos a situaciones de riesgo y violencia”.
Asimismo, se le atribuye una eventual participación en el caso Convenios. “El ministro tiene una directa vinculación con el partido político Revolución Democrática, el cual ha sido objeto de cuestionamientos debido al Caso Convenios (…) generando dudas sobre la honestidad y transparencia en el manejo de fondos públicos y su posible utilización con fines partidistas, lo cual afecta la confianza ciudadana en las instituciones”, expresan.
Raúl Soto: “Creo que hay una crisis política en el Gobierno”
En diálogo con Emol, el diputado Raúl Soto explicó por qué votó a favor de la iniciativa. “Voté a favor en consciencia, más allá de las consideraciones específicas del proyecto de resolución y sin compartir las imputaciones por responsabilidades criminales o administrativas que ha hecho la derecha y de lo cual tomo distancia, porque eso corresponde que se determine en las investigaciones”.
“Creo que hay una crisis política en el Gobierno y que se requiere un golpe de timón y un cambio de rumbo, un nuevo comienzo del Gobierno, y eso implica asumir responsabilidades políticas en los ministerios donde estos casos han ocurrido. Le hace mal al propio Gobierno no dar una señal fuerte en ese sentido“, zanjó.
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