El principal sospechoso de los bombazos fue condenado por robo con intimidación en 2013.
El Séptimo Juzgado de Garantía habría sido el responsable de que el ADN de Juan Flores, principal sospechoso de los últimos atentados explosivos, no estuviera en el Sistema Nacional de Registros de ADN.
En 2013, la jueza Tania Escobar ordenó realizar el registro de la huella genética del condenado, pero Juan Flores nunca concurrió al Servicio Médico Legal. En febrero de este año, Gendarmería ofició al Tribunal denunciando lo ocurrido. Sin embargo, el Séptimo Juzgado de Garantía no lo hizo, incumpliendo la Ley 19.970.
En ese escenario, tanto para la defensa de Flores como para la de Nataly Casanova, los antecedentes no son suficientes para mantener a sus representados con prisión preventiva. Por lo mismo, sus defensas apelaron a la Corte de Apelaciones de San Miguel para que se revoque la medida cautelar y se reemplace por la de arresto domiciliario.
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