El proyecto está paralizado por la justicia desde el 10 de abril.
La compañía canadiense reconoció públicamente el no cumplimiento de 22 de los 23 cargos formulados por la Superintendencia de Medio Ambiente, uno de los más graves fue que no existía plan de manejo para el uso de las aguas.
El encargado de admitir los errores fue Derek James, representante legal de Barrick, quién, por medio de un escrito dirigido a la Superintendencia, argumentó que se trabajará en la superación de los inconvenientes y en el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
En el Gobierno valoraron la actitud de la minera y aseguraron que todos los proyectos que de alguna forma afecten al medio ambiente pasarán por el mismo proceso de calificación.
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