En la madrugada del 29 de julio, Leslie Ceballos perdió a dos miembros de su familia tras el fatal accidente del bus Línea Azul en el sector de Mostazal: su hija Florencia (9) y la abuela paterna de esta, María Betsabé Gatica (73).

A casi tres semanas de este hecho, Ceballos recibió un e-mail de la empresa de seguros Liberty informando que “no existe relación contractual que nos obligue al cumplimiento de su requerimiento de indemnización”.

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Así lo contó la mujer afectada a El Mercurio, quien se encuentra con licencia médica en Temuco debido al impacto emocional que significó la muerte de su hija y que detalla que al llevar la documentación a la aseguradora el pasado miércoles 7 de agosto para activar el cobro del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), “la persona que nos atendió dijo que esto iba a ser complejo y, sin ningún tino, nos planteó que era casi imposible que se hicieran cargo del seguro“.

En el correo enviado por Liberty a Ceballos y la familia de la abuela paterna de su hija se entrega como argumento el artículo 24 de la Ley 18.490 (SOAP), que indica que la póliza “cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran las personas como consecuencias de accidentes en que intervenga el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas”.

Tomando esto en cuenta, la empresa señala que “según consta en acta de la audiencia de formalización (…) el vehículo que participó en el accidente no posee un SOAP contratado con la compañía” y que “Liberty emitió una póliza para el vehículo placa patente única BYXL-64 y no para el vehículo placa patente única CBTV-17, que participó en el siniestro”.

Tras esta respuesta, desde Línea Azul informaron que “se están realizando las gestiones con las pólizas, sin descartar otras posibles vías para ir en apoyo de las víctimas”, y aseguraron que “la empresa asumirá los costos, al margen de los seguros”.

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Ceballos y su familia contactaron a un abogado para estudiar acciones legales al respecto de esta situación.

En tanto, desde la Fiscalía de la región de O’Higgins explicaron que la obtención de la documentación con la que circulaba la máquina que protagonizó el accidente, entre la que está el SOAP, es parte de la indagatoria sobre los alcances de los daños causados, en la conducta de dolo eventual que correspondería al cambio de las patentes de los buses.

Este hecho es parte de la investigación de la causa que mantiene al dueño de Línea Azul, Marcelo Hernández Sandoval, en prisión preventiva. A la vez, el jefe de taller de esta empresa, Daniel Guajardo, y el chofer del bus, Edison Aedo Recabal, están con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

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