El diputado Joaquín Lavín León tiene un llamado a declarar ante Fiscalía, en el marco de una investigación que lo vincula con presuntos delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y uso de facturas falsas.
Esto, en relación con gestiones que habría realizado el exilitante de la UDI durante la administración de su esposa, Cathy Barriga, en la Municipalidad de Maipú.
Según fuentes del caso, la Fiscalía Oriente evalúa solicitar su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que permitiría formalizarlo y aplicar eventuales medidas cautelares.
La primera citación a declarar como imputado fue enviada el pasado 10 de marzo. Desde entonces, Lavín ha postergado en varias oportunidades su comparecencia ante la fiscal Constanza Encina, quien lidera el caso.
La última convocatoria estaba fijada para este martes 29 de abril a las 09:30 horas, según consignó Meganoticias.
Las acciones de Lavín Jr. que los involucrarían en la investigación
La investigación gira en torno a su presunto rol como “alcalde en las sombras” durante la gestión municipal de Barriga.
Correos electrónicos, declaraciones de funcionarios y antecedentes recogidos en allanamientos apuntan a su intervención directa en desvinculaciones de trabajadores, así como en la toma de decisiones administrativas.
Uno de los correos incluidos en el expediente, y revelado por el programa ¿Hasta Cuándo?, sugiere que Lavín habría dado instrucciones para despidos selectivos, argumentando que ciertos funcionarios buscaban “hacer fracasar la gestión” de la entonces alcaldesa.
En otro frente, también deberá responder por el papel de su asesor, Arnaldo Domínguez, contratado por el Congreso desde 2014, y quien habría actuado como su enlace con la Municipalidad de Maipú.
La Fiscalía también indaga una serie de facturas emitidas por Juan Silva, dueño de la imprenta MMG, por un total de $88 millones entre 2017 y 2022.
En su declaración, Silva aseguró que los documentos correspondían a campañas políticas o gastos personales del parlamentario, aunque fueron presentadas como servicios parlamentarios.
Esta arista llevó a Lavín a devolver $7 millones a la Cámara Baja por servicios no prestados.
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