CNN Chile te explica: ¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.
En conversación con CNN Chile, Ana Piquer, directora del organismo, insistió en las conclusiones del documento publicado ayer y aseguró que "lo que sucede en Chile es grave, son violaciones generalizadas cometidas por agentes del Estado y se está coartando la posibilidad de manifestarse pacíficamente".
Amnistía Internacional dio a conocer este jueves un informe sobre el escenario en Chile en 2019 y en el que afirma que el país “cerró el año con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura cívico militar del general Augusto Pinochet”.
En conversación con CNN Chile, la directora del organismo, Ana Piquer, profundizó en el tema y aseguró que “esto es parte de una tendencia en las Américas, donde ha habido manifestaciones masivas que han sido reprimidas de manera violenta con uso excesivo fuerza en lugar de atender el fondo de esas demandas. Chile se sumó a esa tendencia especialmente a fines del año pasado”.
Con respecto a la comparación con la dictadura, la abogada señaló que “el hecho de tener ese pasado en nuestra historia hace más preocupante el ver que tal vez no aprendimos todas las lecciones que debimos para prevenir que esto vuelva a suceder“.
“Lo que sucede en Chile es grave, son violaciones generalizadas cometidas por agentes del Estado y se está coartando la posibilidad de manifestarse pacíficamente, mientras que desde el gobierno se ha tendido a recalcar que estos pueden ser hechos aislados que se pueden abordar de manera individual”, continuó.
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De este modo, Piquer manifestó que “nuestra evaluación es que las medidas que supuestamente se han tomado no han tenido ninguna repercursión, no han hecho ninguna diferencia en terreno. Hay protocolos que no se están cumpliendo, se dio la instrucción de dejar de usar las escopetas de perdigones, pero eso no significa una disminución de las violaciones de derechos humanos sino que cambió la manera de hacerlo”.
Consultada sobre cuáles podrían ser medidas significativas en torno al tema, indicó que una de los más importantes es la existencia de “mensajes más claros desde el gobierno en términos de las instrucciones a Carabineros: hasta ahora no se ha hecho una declaración clara de que acá están sucediendo cosas que no pueden suceder y que eso tiene una condena clara del gobierno”.
En segundo lugar mencionó la necesidad de que haya “medidas efectivas para controlar que los protocolos se cumplan y que tengan consecuencias si es que no se cumplen”.
Además, tercero, “se tiene que avanzar en una reforma profunda e integral a la institución de Carabineros, tiene que haber una reflexión mucho más profunda de cuál es su rol en una democracia y cómo debe actuar desde una perspectiva de derechos humanos”.
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Piquer calificó como “lamentable” la reacción del gobierno ante el informe publicado ayer y afirmó que “el negar o minimizar lo que está pasando no va a contribuir en nada, lo único que va a hacer es seguir aumentando las víctimas. Acá lo importante es ver por qué esto está pasando, investigar las responsabilidades de mando y tomar medidas”.
Finalmente, aseguró que “la decisión final va a estar en el gobierno, esto tiene que ver con que tome consciencia de la gravedad de lo que está pasando y sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Ese es el llamado que hemos hecho desde Amnistía y toda la sociedad civil, desde la ONU, la CIDH, porque quien tiene en las manos la posibilidad de hacer algo es el gobierno”.
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.