El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, denunció que la absolución del carabinero Claudio Crespo, cuyo disparo cegó a Gustavo Gatica en 2019, se sustentó en la aplicación de la denominada Ley Naín-Retamal, aprobada en abril de 2023, y promulgada por el gobierno de Gabriel Boric.
Bustos afirmó que la norma, que según el gobierno buscaba dar certeza jurídica a Carabineros, “podía implicar impunidad para violación a los derechos humanos”, una advertencia que, a su juicio, se materializó con el veredicto.
Un retroceso en las garantías para la protesta
Bustos sostuvo que, a marzo de 2026, “estamos en peores condiciones que en 2019” para el derecho a manifestación, debido a la falta de una ley que regule el uso de la fuerza y de una reforma estructural a Carabineros, sumado a la vigencia de la Ley Naín-Retamal.
El fallo, que aplicó la “legítima defensa privilegiada” para el acusado, representa para la organización, según el director ejecutivo, un “manto de impunidad” que debilita las garantías de quienes protestan pacíficamente y consolida un escenario más riesgoso para las libertades civiles en Chile.
El reclamo de Amnistía Internacional se da pese a los argumentos del tribunal, que establecieron los graves incidentes previos al ataque a Gatica y los cuales eran “potencialmente” mortales para los funcionarios policiales.